JEP de Colombia alerta sobre recorte presupuestal y pide apoyo internacional
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia advirtió que el recorte afectaría su gestión, sedes, servicios, seguridad de información y convenios de protección, lo que deja desprotegidos a víctimas, testigos y funcionarios
El presidente de la JEP, AlejandroRamelli, advirtió que la institución, que ya afronta dificultades, podría desaparecer debido al recorte. Defendió el trabajo de la JEP y recordó que ha permitido esclarecer hechos relacionados con el conflicto armado. «Está dando respuestas a Colombia, a la comunidad internacional y a miles de víctimas sobre hechos que habían permanecido en la más completa impunidad», dijo. Foto: Captura del video @JEP_Colombia.
18 de septiembre de 2026 Hora: 18:13
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El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, Alejandro Ramelli, lanzó este viernes un SOS a la comunidad internacional ante la propuesta oficialista de recortar en 100.000 millones de pesos (unos 31 millones de dólares) el presupuesto de la institución para 2027.
La iniciativa, presentada por el senador oficialista Enrique Gómez y respaldada por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, plantea trasladar esos recursos al Consejo Superior de la Judicatura. «Mientras la JEP funciona como un fortín burocrático e ineficiente, la justicia ordinaria colapsa con un inventario de 2.2 millones de procesos represados», afirmó Gómez, al intentar justificar el desfinanciamiento del mecanismo de paz.
El mandatario, crítico de la JEP desde su campaña, respondió en redes sociales con un mensaje contundente: «¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!». Aunque en campaña había prometido cerrar la JEP, su posición se ha matizado, pero mantiene la intención de reducir su alcance.
Según la jurisdicción, el recorte afectaría un 62% de los recursos destinados a bienes y servicios, que ascienden a 161.271 millones de pesos (unos 51 millones de dólares). La JEP advierte que ya arrastra un déficit acumulado de 26 millones de dólares y que la medida dejaría sin financiación otros 19.7 millones destinados a convenios de protección con la Unidad Nacional de Protección (UNP), poniendo en riesgo la seguridad de víctimas, testigos, intervinientes y funcionarios judiciales.
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También quedarían comprometidos 9.2 millones de dólares para arrendamientos, servicios públicos y mantenimiento de sedes, mientras que los recursos para su centro de datos e interoperabilidad sufrirían un impacto superior al 40%, con consecuencias para la reserva y seguridad de la información.
La alerta de la JEP coincide con el trámite en el Senado de una reforma constitucional que plantea someter a revisión automática de la Justicia Penal Militar las sentencias de ese tribunal contra miembros de la fuerza pública. Para la jurisdicción, ambas iniciativas configuran una estrategia de presión económica y de sometimiento de sus decisiones.
Ante este panorama, Ramelli anunció que informará de la situación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial de la ONU sobre independencia de magistrados y abogados, los países garantes del acuerdo de paz y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
La JEP, creada tras el acuerdo de paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC, considera que el recorte presupuestal y la reforma constitucional plantean un riesgo directo para la continuidad de sus funciones y para la protección de los derechos de las víctimas.
Autor: teleSUR - asm - DE
Fuente: Agencias
