El consejero comisionado para la paz en Colombia, Otty Patiño, alertó sobre los riesgos asociados a la violencia que provocaría el desmantelamiento de las estructuras institucionales encargadas de los procesos de pacificación nacionales.

Durante una comparecencia ante Caracol Radio, el funcionario advirtió que ignorar el terreno ganado en las regiones por la Administración de Gustavo Petro implicaría un retroceso que podría desencadenar un conflicto.

«Lo avanzado no puede borrarse de un tajo porque, de alguna manera, eso significaría no solamente un desprecio frente a esas comunidades que también avanzaron sobre estos procesos, sino también un retroceso y una posibilidad de que, en lugar de una paz total, nos metamos en una guerra total absolutamente innecesaria y criminal«, enfatizó Patiño.

El funcionario defendió el enfoque de la estrategia integral promovida bajo la gestión del presidente Petro, que vinculó el proceso directamente con transformaciones económicas y sociales en localidades históricamente afectadas por el conflicto armado.

Patiño diferenció este modelo del acuerdo firmado con las Fuerzas Armadas de Colombia en el año 2016, puntualizando que la actual política se sostiene bajo una dinámica estrictamente territorial orientada a contrarrestar el arraigo de las finanzas ilegales en las comunidades rurales.

«Esta es una paz distinta a la de 2016, porque es una paz territorial. Es una paz que mucha gente no entiende, porque no se ha arrimado por allá a los territorios donde la gente está padeciendo el dominio de la ilegalidad, no solamente por los actores, sino por la economía ilegal, que es lo que mueve allí el dinero y, desde luego, que resuelve algunas de las necesidades más urgentes de la gente», dijo el comisionado consejero para la paz.

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Como prueba de la efectividad y continuidad del proceso, Patiño se refirió a la concentración pacífica de un centenar de antiguos integrantes de los Comandos de Frontera en el Valle del Guamuez, departamento del Putumayo.

«En este momento, por ejemplo, en Putumayo, en el Valle del Guamuez, hay concentradas 100 personas antes pertenecientes a las estructuras de Comandos de Frontera, en espera de que se haga una solución a su situación, que no es difícil, porque ellos se pueden amparar en la legislación vigente sin necesidad de una nueva ley transicional que permita que ellos puedan llegar, digamos, a la ciudadanía plena«, explicó.

La paz no es un capricho, es un derecho innegable para las comunidades más afectadas por la violencia. En Chocó invitan al gobierno entrante a seguir trabajando por #UnaPazIrreversible en pro de las futuras generaciones. pic.twitter.com/RnWmaY9zTe

— Consejería Comisionada de Paz (@ComisionadoPaz) July 15, 2026

Respecto al balance de las mesas de diálogo, Patiño reconoció que las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no alcanzaron las metas previstas debido al temprano distanciamiento de dicha organización armada de los esfuerzos gubernamentales.

No obstante, respaldó la gestión global de la política de paz total y rechazó los cuestionamientos estadísticos de los sectores críticos, calificando el proyecto como una utopía con el valor de lo inconcluso, en un paralelismo con el espíritu normativo de la Constitución de 1991.

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Sobre los recientes anuncios del mandatario electo, Abelardo De la Espriella, concernientes a una eventual orden de captura y reclusión en contra de Rodrigo Londoño, firmante de los compromisos de 2016, Patiño comentó que el excomandante insurgente cuenta con un blindaje jurídico sólido fundamentado en pactos institucionales del Estado colombiano y bajo el monitoreo de la Organización de las Naciones Unidas.

La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz de Colombia, Gloria Cuartas, quien presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra De la Espriella por los presuntos delitos de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir, enfatizó que los pronunciamientos del mandatario electo exceden la libertad de expresión, promueven la hostilidad contra un colectivo protegido por el Estado y ejercen una presión institucional ilegal sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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