El Gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo revés legislativo luego de que el Senado de la Nación volviera a postergar el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas impulsadas por el oficialismo en el marco de su programa de reformas económicas. Desde la oposición denuncian que el proyecto vulnera la soberanía nacional al eliminar las restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales.

Por cuarta vez consecutiva, La Libertad Avanza no consiguió reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa, pese a que el texto ya fue modificado en 15 oportunidades con el objetivo de alcanzar consensos entre los distintos bloques parlamentarios.

Ante la falta de apoyo, el oficialismo impulsó la realización de un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto, cuando finalice el receso legislativo. La moción, presentada por la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, fue aprobada con 62 votos a favor, tres en contra y una abstención.

Previo al tratamiento del proyecto, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, había afirmado: “Vamos a quitar las restricciones a los extranjeros para que puedan venir y comprar todas las tierras que quieran”.

Cambios en el proyecto y riesgos por la pérdida de soberanía

La versión más reciente del proyecto incorpora modificaciones destinadas a responder a cuestionamientos planteados por sectores aliados y gobiernos provinciales. Uno de los cambios más relevantes establece que cada provincia podrá fijar, mediante una ley local, los límites para la adquisición de propiedades por parte de ciudadanos extranjeros.

Sin embargo, esa incorporación generó diferencias dentro del propio Gobierno. Equipos técnicos del Ministerio de Desregulación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, manifestaron su rechazo al considerar que la medida podría entrar en conflicto con el artículo 20 de la Constitución Nacional, que reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos.

Actualmente, los extranjeros poseen alrededor del 5% de la tierra rural del país, mientras que la legislación vigente autoriza que ese porcentaje alcance el 15%, según el Observatorio de Tierras de la UBA. “Hoy los extranjeros poseen 13 millones de hectáreas y podrían llegar a ser dueños de prácticamente 40 millones de hectáreas, una superficie mayor que toda la provincia de Buenos Aires”, ha afirmado el coordinador del proyecto, Pablo Voldkin.

Los opositores a la medida advierten que el proyecto de ley vulnera la soberanía nacional ya que avalaría la extranjerización de zonas estratégicas. En algunos departamentos argentinos la propiedad extranjera ya supera el 50%, pero sin los límites vigentes, áreas con recursos estratégicos (litio, petróleo, minerales críticos y pasos bioceánicos) podrían quedar mayoritariamente en manos de capitales extranjeros.

Silencio administrativo

Otra de las modificaciones incorporadas al dictamen es la figura del «silencio administrativo». El mecanismo establece que, si las autoridades provinciales o nacionales no emiten un pronunciamiento dentro de los plazos previstos, la autorización correspondiente se considerará concedida automáticamente.

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Mediante esta medida, el oficialismo busca favorecer a inversiones privadas y operaciones inmobiliarias, sosteniendo que este mecanismo busca agilizar trámites administrativos y brindar mayor previsibilidad jurídica.

Desalojos exprés

La iniciativa establece un procedimiento abreviado para los desalojos por falta de pago en contratos de alquiler. En primer lugar, el propietario deberá intimar al inquilino a regularizar la deuda dentro de un plazo de diez días mediante una notificación fehaciente.

La comunicación podrá enviarse al domicilio físico o electrónico declarado en el contrato y será considerada válida incluso si el inquilino se niega a recibirla o si la notificación no puede concretarse por causas atribuibles al propio locatario.

Si el incumplimiento persiste, el propietario quedará habilitado para iniciar la acción judicial de desalojo, que deberá tramitarse por el procedimiento más breve previsto por la legislación vigente, con un plazo estimado de diez días hábiles.

Modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego

Otro de los cambios previstos es la derogación del artículo que impedía durante 30 años modificar el uso de predios rurales afectados por incendios en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. Una problemática que desde hace años viene afectando la Patagonia argentina y genera preocupación ante los intereses inmobiliarios que hay detrás.

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En el caso de los bosques nativos, el proyecto mantiene la prohibición de cambiar el uso o destino de las superficies incendiadas, aunque elimina el plazo de 60 años que establecía la legislación vigente, incorporado mediante una reforma impulsada por el diputado Máximo Kirchner.

Con el inicio del receso parlamentario, el debate quedó postergado hasta el 6 de agosto, cuando el Senado volverá a intentar tratar un proyecto que continúa generando diferencias tanto entre la oposición como dentro del propio oficialismo.

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