En un paso calificado como histórico para los derechos humanos en el continente, el Congreso de Colombia aprobó el Proyecto de Ley 440 de 2025, conocido formalmente como la Ley Niñas sin Ablación. 

Con esta decisión, el país neogranadino se convierte en la primera nación de América Latina en contar con una legislación específica para prevenir, sancionar y erradicar la mutilación genital femenina (MGF).

La histórica aprobación se materializó en la plenaria del Senado durante el cuarto y último debate reglamentario de la iniciativa, la cual unificó los proyectos 018 de 2024 de la Cámara de Representantes y 440 de 2025 del Senado. 

El nuevo marco legal busca blindar de manera integral los derechos humanos, fundamentales y sexuales de las niñas, adolescentes y mujeres en todo el territorio nacional, estableciendo rutas claras de atención médica y psicológica para las víctimas directas o potenciales.

​Prevención y pedagogía intercultural 

​La Ley Niñas sin Ablación plantea una respuesta estatal integral, ya que los ejes fundamentales de la normativa priorizan la prevención, la pedagogía comunitaria, el fortalecimiento de las instituciones de salud y el trabajo directo en los territorios bajo un enfoque intercultural y diferencial.

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Entre las medidas inmediatas que contempla la ley destacan las estrategias pedagógicas y campañas comunitarias diseñadas junto a las poblaciones para sensibilizar sobre las graves secuelas de esta práctica; los mecanismos de detección y reporte temprano como herramientas para que los sectores de salud y educación identifiquen riesgos de forma oportuna, así como los sistemas de información centralizados en la creación de registros oficiales rigurosos para combatir el alarmante subregistro de casos.

El sector más vulnerable ante la práctica

​Datos validados por el Senado y la organización internacional Equality Now revelaron que entre los años 2020 y 2025 se documentaron oficialmente 204 casos de mutilación genital femenina en Colombia.

​La radiografía del problema evidencia una cruda realidad: el 56% de las víctimas corresponde a niñas de la primera infancia, en un rango de edad de entre 0 y 5 años. 

Asimismo, de los 204 casos registrados, 177 involucraron a niñas pertenecientes a comunidades indígenas, concentrándose la inmensa mayoría en los departamentos de Risaralda y Chocó (ambos en el oeste del país).

​Frente a este panorama, lideresas indígenas, quienes participaron activamente en la construcción del proyecto junto a congresistas y organizaciones sociales, recalcaron que la ablación no es una práctica generalizada en todos los pueblos originarios. 

Por el contrario, enfatizaron que han sido las propias mujeres y madres indígenas quienes han abanderado procesos internos de resistencia y educación para desterrar esta forma de violencia de sus culturas ancestrales.

​¿Qué falta para su entrada en vigor y cuáles son los retos?

​Tras superar con éxito su cuarto debate en el Congreso, el proyecto de ley debe cumplir con los últimos pasos del protocolo legislativo colombiano. 

La iniciativa pasará en los próximos días a la fase de conciliación de textos entre ambas cámaras para, posteriormente, ser remitida al despacho del Ejecutivo para la respectiva sanción presidencial.

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​Medios locales y analistas coinciden en que, una vez firmada por el presidente de la República, el verdadero desafío del Estado colombiano radicará en su implementación real sobre el terreno. 

El éxito de la ley dependerá de la asignación efectiva de recursos económicos presupuestarios, la formación integral de los funcionarios públicos de salud en zonas rurales y, fundamentalmente, la continuidad de los lazos de confianza y diálogo con las autoridades tradicionales de las comunidades donde todavía se registra la práctica.

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