El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como «poco democrático» el bloqueo de sus actividades oficiales y académicas por parte de las autoridades de Estados Unidos durante su viaje oficial a Nueva York. El mandatario denunció que se le impidió reunirse con el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, así como dictar una conferencia magistral a la que había sido invitado formalmente en la ciudad de Boston.

Petro señaló que estas restricciones vulneran los principios de libertad de pensamiento consagrados en las leyes internacionales para los jefes de Estado que asisten a la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, aclaró que nunca se le notificó sobre supuestas limitaciones en su visa diplomática ni de órdenes de arresto antes de asumir la presidencia del Consejo de Seguridad.

El líder de la nación suramericana rechazó de manera categórica la intromisión del Gobierno estadounidense en el desarrollo de la actual campaña electoral que vive Colombia. El jefe de Estado enfatizó que las decisiones políticas y democráticas del país corresponden de forma exclusiva a su pueblo.

Precisó en un artículo de prensa que las desavenencias con Washington en materia de política internacional, especialmente sobre la situación en Gaza, no rompen sus compromisos bilaterales. Petro reafirmó que mantendrá su palabra respecto a las líneas de cooperación alcanzadas directamente con el presidente Donald Trump en la Oficina Oval.

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Los esfuerzos conjuntos de su administración soberana se reflejan en cifras récord de incautación de cocaína que superan de forma notable los resultados de los tres Gobiernos precedentes combinados. Los sistemas de medición satelital de la Policía Nacional confirman además una reducción efectiva y sostenida de las áreas geográficas destinadas a los cultivos ilícitos.

La estrategia gubernamental de sustitución voluntaria beneficia actualmente a 31.000 familias campesinas que decidieron entregar sus plantaciones agrícolas a los programas productivos estatales. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ya certificó la transición técnica de casi 9.000 hectáreas como parte de este plan nacional de desarrollo.

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