La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) presentó el reporte oficial actualizado con corte a las 6:30 de la mañana hora local de este viernes 14 de agosto, con respecto a la situación nacional tras el sismo de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

De acuerdo con las autoridades, la emergencia abarca afectaciones en 15 departamentos y 426 municipios del territorio nacional, dejando un registro consolidado de 45.523 familias y 102.263 personas afectadas. El balance de víctimas fatales ascendió a 285 personas, mientras que la cifra de heridos alcanzó los 3.975 y permanecen 379 personas desaparecidas.

Los equipos de emergencia lograron el rescate con vida de 354 ciudadanos en las zonas golpeadas. En cuanto al impacto residencial, los informes técnicos contabilizan 12.828 viviendas destruidas, 73.455 inmuebles averiados y 121 edificios totalmente colapsados a nivel nacional.

En materia de infraestructura de servicios públicos e instalaciones esenciales, la UNGRD reporta daños estructurales en 2.205 centros educativos, 1.208 centros comunitarios, 240 instituciones de salud, 73 acueductos y cinco aeropuertos.

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Las afectaciones en las vías terrestres abarcan 210 carreteras, 44 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales. En el apartado de atención a la fauna, las autoridades rescataron a 169 animales y atienden a otros 247 en los albergues dispuestos mientras prosiguen las labores de asistencia integral.

En paralelo, Familiares de las víctimas del terremoto permanecen concentradas en carpas frente al Instituto de Medicina Legal en Cali, bajo severas condiciones de vulnerabilidad, exigiendo respuestas oficiales y la inmediata continuidad de las labores de salvamento.

Frente a la presión popular de las comunidades organizadas, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció desde el Puesto de Mando Unificado la ampliación de la ventana de búsqueda en los puntos críticos de la ciudad, precisando que las brigadas locales cuentan con la asistencia de delegaciones especializadas de Estados Unidos e Israel para intervenir en las estructuras colapsadas.

La exigencia popular contrasta con la postura adoptada por la Administración del presidente Abelardo de la Espriella, que apenas tres días después del desastre dio por concluida la etapa de rescate a nivel nacional. Esta medida gubernamental fue ratificada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien argumentó que dicha fase se superó rápidamente para dar paso a la asistencia humanitaria.

La determinación de las autoridades centrales desconoce los protocolos internacionales del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate, los cuales establecen que este tipo de maniobras deben sostenerse entre cinco y siete días posteriores a la catástrofe, generando un profundo malestar entre las comunidades golpeadas por la tragedia.

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