El balance oficial del Gobierno colombiano tras el sismo de magnitud 7.4 del lunes pasado reportó 281 fallecidos, 3.824 heridos y 379 desaparecidos. La actualización de cifras se enmarca en el proceso de recuperación de las zonas más golpeadas por el evento telúrico.

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Según el informe presentado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el poder el pasado 7 de agosto, el terremoto dejó 127 edificios colapsados, 65.841 viviendas dañadas y 10.677 destruidas, lo que refleja la magnitud de los daños materiales.

El panorama se agravó con el reporte del 13 de agosto, que contabilizó 44.936 familias damnificadas y 102.105 personas afectadas en 426 municipios de 15 departamentos. Los epicentros más golpeados fueron Quibdó, Manizales y Cali, donde se registraron víctimas mortales y derrumbes de edificaciones residenciales y comerciales.

El director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Colombia, Nils Grede, advirtió que “esta catástrofe ha llegado a la población que estaba menos preparada y que tenía menos recursos y resiliencia para enfrentar una crisis de esta magnitud”. El funcionarios se referió al Chocó, segundo departamento más pobre de Colombia.

En el departamento del Chocó se contabilizan 13.100 personas afectadas, cifra solo superada por las 36.000 del Valle del Cauca, otra de las regiones más perjudicadas. El balance parcial indica 265 muertos, 3.500 heridos y cerca de 500 desaparecidos, además de más de 25.000 familias damnificadas.

Ante la magnitud del escenario, de la Espriella hizo un llamado al sector privado para que se sume a los esfuerzos de ayuda, en medio de la crisis humanitaria que atraviesa el país.

Además, como parte de la atención a la emergencia, el Estado inició un censo poblacional para determinar con mayor precisión el número de afectados. La medida fue respaldada por la Defensora del Pueblo, Iris Marín, durante un recorrido por el Chocó. El censo ayudaría a la articulación de ayuda de forma más organizada.

La situación se complica por la negativa del Gobierno colombiano a aceptar asistencia extranjera, decisión que generó controversia. Entre los países afectados por esta medida figura México, cuyo despliegue de equipos de rescate fue condicionado por exigencias adicionales. En contraste, los apoyos provenientes de Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador sí fueron admitidos, lo que alimentó la percepción de que se otorgó preferencia a naciones políticamente afines.

En este contexto, el canciller colombiano Omar Bula, representante en reuniones de la ONU y entidades humanitarias, subrayó que el país agradece la ayuda internacional y reconoció que la asistencia es necesaria. No obstante, las organizaciones internacionales aún esperan saber la capacidad de respuesta de Colombia y las “brechas” que deben cubrir con su apoyo, antes de coordinar nuevas acciones de respaldo.

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