Un centenar de bomberos denunciaron este viernes que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que encabeza Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) se niega a negociar para mejorar sus condiciones laborales y no invierte suficientes recursos públicos en la prevención de incendios. Los trabajadores se congregaron frente a la Real Casa de Correos, sede del gobierno local, y manifestaron que se hallan en situación de total precariedad y abandono institucional.

Recordaron que llevan más de cien días en huelga. Alertaron que apenas trabajan seis meses al año y que el Gobierno de Madrid les ofrece un tratamiento laboral como conductores de taxis que no reconoce los peligros que corren ni otras condiciones propias de ser la primera línea contra los incendios.

El representante del Comité de Huelga, Alfonso Ferrer González, explicó a medios locales que el colectivo escogió tomar la calle para denunciar que llevan más de 800 días sin mantener una negociación con la Administración regional.

Añadió que meses atrás se les dieron algunas propuestas, pero «son inadmisibles e inasumibles», enfatizó mientras criticó que la Comunidad de Madrid plantease para 2027 un complemento de 132 euros brutos. De acuerdo con el líder sindical, ello equivale a un 2% por conceptos como toxicidad, peligrosidad, esfuerzo físico o morbilidad.

Ferrer González acusó al Gobierno de Díaz Ayuso de incumplir las bases de los procesos selectivos, los cuales —afirmó— contemplaban puestos fijos durante todo el año. Agregó que también hay incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, con equipos de protección individual caducados y material antiguo.

Criticó que la región carezca de personal, con solo 60 trabajadores en activo cuando se dispone de 124 plazas presupuestadas. Cuestionó que no se contraten trabajadores cuando es visible que no pueden cubrir todo el verano. Señaló que esta situación obliga a pedir refuerzos a otras comunidades autónomas.

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El representante gremial reclamó trabajar los 12 meses del año y exigió al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que sus contratos reconozcan la categoría de bomberos forestales, y los riesgos y condiciones inherentes a su labor. Anunció que continuarán movilizados mientras no se les escuche.

Durante la protesta, los bomberos recordaron que en el mes de julio se vivieron momentos dramáticos con cientos de personas que perdieron sus hogares y decenas de fincas agrícolas que se arruinaron. Enfatizaron que a los incendios se les vence en invierno-otoño, cuando los montes se pueden limpiar y preparar para hacer frente a veranos cada vez más cálidos y con fuegos que cada vez están más fuera de control.

Además, exigieron que se tomen en cuenta sus reivindicaciones y que el Gobierno de Díaz Ayuso los escuche. La responsabilizaron de la frialdad institucional; también culparon al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

Este verano, la Comunidad de Madrid sufrió una de las peores olas de incendios que se recuerden, con más de 27.000 hectáreas quemadas. La situación, en medio de sequía, ola de calor y fuertes vientos, se tornó tan crítica que obligó al Gobierno español, que lidera Pedro Sánchez, a declarar emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, al desalojo preventivo de casi 12.000 personas, así como movilizar recursos estatales para contener el avance del fuego.

Representantes de la izquierda respaldaron a los bomberos. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, reclamó que se les pague un salario digno, contratos todo el año y condiciones de seguridad. Se trata de un servicio público esencial, clave para hacer frente al cambio climático, dijo.

El diputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la Asamblea, Javier Guardiola, acusó a Díaz Ayuso y a Novillo de ignorar las demandas de los trabajadores. Otro tanto hizo la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien aseveró que los incendios son cada vez más peligrosos debido a la emergencia climática, pero también debido a «la falta absoluta de prevención» por las administraciones, interesadas en «abandonar» los servicios públicos con el objetivo de «privatizarlos«.

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