Chile desafía la ofensiva legal y penal impulsada por el Gobierno de Argentina contra la explotación hidrocarburífera no autorizada en las Islas Malvinas. La Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC) cerró un acuerdo con la naviera chilena Easter Island para inaugurar en noviembre de 2026 una ruta marítima regular entre Punta Arenas y Puerto Argentino.

Este enlace logístico busca reducir a la mitad el tiempo de traslado marítimo que históricamente dependía del puerto de Montevideo, garantizando el flujo de materiales de construcción, repuestos, alimentos y gas licuado para el enclave y los proyectos en la cuenca norte.

La medida contrasta con el escenario de los discursos y las declaraciones de buena voluntad suscriptas previamente en Santiago de Chile entre Javier Milei y José Antonio Kast, cuya sintonía política ahora enfrenta una colisión inevitable con los hechos prácticos en el Atlántico Sur.

Mientras la Casa Rosada activó un paquete de medidas para sancionar administrativa y penalmente las actividades extractivas ilegales —con el envío formal de 45 intimaciones a personas y corporaciones ligadas al yacimiento Sea Lion—, desde la Región de Magallanes se terminó de concretar el soporte operacional para la ocupación británica.

La estrategia de la bandera y la rueda comercial

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, reconoció abiertamente que la apertura de esta vía comercial pretende evadir la declaración del Mercosur de 2011 —respaldada históricamente por Chile—, la cual prohíbe el ingreso a puertos regionales de embarcaciones portadoras de la bandera ilegítima de las islas. La estrategia consiste en utilizar buques con pabellón de conveniencia para esquivar las restricciones normativas.

Con un volumen de compras anual estimado en 20.000.000 de dólares por parte del enclave, la articulación comercial sumará un paso formal el 28 y 29 de septiembre de 2026, cuando una comitiva británica integrada por la subdirectora de la FIDC, Louise Ellis, y el representante de la Cámara de Comercio insular, Mike Summers, llegue a Punta Arenas para concretar negociaciones directas con proveedores locales.

???? Expresiones de autoridades argentinas que cuestionan la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes encienden alarmas en Chile. Ministros de Milei buscan incrementar la presencia naval.

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Las gestiones iniciales comenzaron en julio a través del gerente de proyectos estratégicos de la FIDC, Sam Cockwell, con el objetivo de abastecer los requerimientos técnicos y operativos de la industria en las aguas circundantes.

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Advertencias militares y el trasfondo de confianza

La gravedad de la maniobra tampoco pasó inadvertida para el estamento militar trasandino. El excomandante en jefe de la Armada de Chile, almirante en retiro Julio Leiva, advirtió públicamente que esta dinámica generará fricciones inevitables con Argentina

«La verdad que tiendo a pensar que es la respuesta de la ciudadanía y del alcalde Radonich (…) y, obviamente, va a haber problema», señaló el exjefe militar, aludiendo a la normativa argentina que exige autorizaciones previas para transitar hacia las islas.

Leiva intentó minimizar el alcance del control argentino catalogando su aplicación como «laxa» ante el derecho marítimo, en sintonía con una carta publicada en el diario El Mercurio por seis excomandantes en jefe chilenos que cuestionaron la relación de confianza bilateral tras los recientes pronunciamientos sobre la Boca Oriental de Magallanes del brigadier general Gustavo Valverde y del contraalmirante Hernán Montero.

???? Santiago de Chile vivió una jornada de alta tensión por una movilización estudiantil en rechazo a las políticas del Gobierno de José Antonio Kast. La marcha, liderada por ACES y CONFECH, avanzaba por las inmediaciones de la Universidad Católica.

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La colisión jurídica y las sanciones argentinas

La operativa colisiona directamente con el Decreto PEN 256/2010 y con el endurecimiento de la Ley 26.659 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026 promovido por la administración de Javier Milei. Dicha legislación sanciona administrativa y penalmente no solo a las corporaciones petroleras operadoras (como Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration), sino a toda la cadena logística, de transporte y de servicios que respalde las actividades extractivas en la zona.

La naviera Easter Island se expone a regímenes de inhabilitación, bloqueos de activos y acciones legales impulsadas por Buenos Aires al momento de movilizar suministros críticos hacia los archipiélagos.

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