El fiscal general de Ucrania, Ruslán Krávchenko, presentó su renuncia al cargo este lunes luego de que estallara el escándalo de encubrimientos de call centers y lavado de dinero. Se presume que dentro de esa red operarían alrededor de 2.000 centros de llamadas fraudulentas, la mitad de los cuales estarían controlados por altos funcionarios del Gobierno.

«He presentado mi dimisión como fiscal general. Esta es una decisión política, y la he tomado con plena conciencia. No quiero que el cargo de fiscal general se utilice como instrumento de confrontación política. Mi postura respecto a las acusaciones se mantiene inalterable», expresó Krávchenko en un comunicado.

Como parte de esta investigación, denominada «Operación Cartago», anunciada el pasado 4 de septiembre por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP), fueron registradas dependencias utilizadas por Krávchenko y otros altos cargos de la Fiscalía.

Las autoridades denunciaron el «amparo» a una red de centros de llamadas fraudulentas por parte de funcionarios de la Fiscalía.

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Krávchenko comunicó que su despacho fue allanado. Allí fueron incautados varios sobres vacíos y cuatro certificados de regalo por valor de 50.000 grivnas (más de 1.000 dólares). Con posterioridad, fue registrada su vivienda.

El exfuncionario rechazó cualquier implicación en la red de cobro de sobornos y lavado de dinero. Afirmó que fue citado para comparecer el martes ante el Parlamento y explicar la investigación que llevaba a cabo la NABU sobre los centros de estafas.

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La Fiscalía Especial Anticorrupción difundió el sábado a través de sus redes sociales detalles sobre los allanamientos en la oficina del fiscal general. El mensaje iba acompañado de una imagen que mostraba una caja fuerte repleta de fajos de billetes.

Según medios ucranianos, funcionarios del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), del servicio de inteligencia del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Fiscalía, el Servicio Estatal de Fronteras y otras instituciones están involucrados en la red criminal. Además, revelaron que el SBU cobraba cupos a los administradores de los centros de estafas y cada uno desembolsaba alrededor de 20.000 dólares mensuales.

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