El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina oficializó este lunes el despido de la científica Virginia Aparicio, investigadora con más de dos décadas de trayectoria en el organismo estatal.

La medida, dispuesta mediante la Resolución 366, representa la sanción disciplinaria más severa del empleo público nacional y concreta la expulsión e inhabilitación de la profesional, luego de que coordinara en el país el proyecto internacional SPRINT sobre la presencia de agroquímicos en el ambiente, los animales y los seres humanos.

GRAVÍSIMO. EL INTA EXONERA A VIRGINIA APARICIO POR INVESTIGAR LOS AGROTÓXICOS El Consejo Directivo del INTA resolvió echar a Virginia Aparicio, investigadora con más de 20 años de trayectoria, que coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT. El estudio detectó glifosato en la orina del 84% de las personas analizadas. En vez de garantizar la difusión de los resultados, suspendieron su presentación y ahora la expulsan del organismo.El gobierno de @JMilei es responsable. Una decisión que golpea a la ciencia pública y que se produce en medio de las denuncias de persecución contra una investigadora cuyos resultados cuestionan el impacto de los plaguicidas. Hay que investigar a fondo, no castigar a quienes investigan. La sociedad tiene derecho a conocer los resultados de estudios que involucran su salud y el ambiente. Toda nuestra solidaridad con Virginia Aparicio y la comunidad científica. Rechazamos esta exoneración y exigimos la publicación íntegra de los resultados del proyecto SPRINT. Defender la ciencia pública es defender el derecho a investigar sin censura ni presiones de los intereses económicos.

— Juan Carlos Giordano (@GiordanoGringo) October 27, 2026

Aparicio se desempeñaba como ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias desde 1997 en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en Balcarce. En 2020, la institución aprobó su participación en el estudio SPRINT, una iniciativa financiada por la Unión Europea y liderada por la Universidad de Wageningen (Países Bajos), que reunió a equipos de diez países europeos junto a Argentina para evaluar la exposición a mezclas de plaguicidas.

Durante 2021, el equipo tomó muestras de agua, suelo, aire, alimentos, así como fluidos de 73 voluntarios del sudeste bonaerense entre productores, trabajadores rurales y consumidores. Los hallazgos confirmaron que Argentina presentó la mayor concentración de plaguicidas entre las naciones analizadas, detectando glifosato en el 84 por ciento de las muestras de orina de las personas estudiadas y hallando la sustancia producida por la multinacional Bayer en el 100 por ciento de las muestras de materia fecal en territorio bonaerense, además de registrar su presencia en bienes de consumo masivo como la yerba mate.

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Sin embargo, en junio de 2023 las autoridades del INTA ordenaron frenar la reunión presencial donde se presentarían los resultados a los voluntarios. Seis meses más tarde, el organismo resolvió retirar formalmente al país del proyecto e iniciar un sumario administrativo contra la investigadora, impidiéndole concretar la devolución institucional de los datos.

Persecución administrativa y desmantelamiento del control estatal

El sumario administrativo contra la científica se extendió por casi tres años bajo ocho imputaciones por presuntas irregularidades en el uso de facultades del cargo y recursos estatales, entre ellas el envío de muestras al exterior, el manejo de información confidencial y la intervención de profesionales no autorizados de forma institucional.

La defensa de Aparicio rechazó las acusaciones, argumentando que la transferencia de muestras respondía estrictamente al protocolo internacional, que los datos debían resguardarse y que los fondos provenían de la Unión Europea.

En el texto de la resolución, el INTA reconoció que no se acreditó un beneficio económico personal ni se configuraron antecedentes disciplinarios o perjuicio fiscal equivalente a los montos administrados. Pese a ello, el Consejo Directivo desestimó los planteos de nulidad por indefensión y trato discriminatorio, dictaminando la exoneración (despido) de la profesional.

Frente a la persecución sistemática y el aislamiento dentro de la institución, la investigadora expresó: «Parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA». Durante una intervención en el programa Conexión Global de teleSUR, el corresponsal Fabián Restivo detalló que las acciones contra la científica responden a la política de ajuste del Gobierno de Javier Milei en perjuicio de la ciencia pública.

“La idea detrás del cierre del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, así como del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), es eliminar la supervisión para que las empresas privadas puedan hacer lo que quieran, incluso con la salud de los argentinos”, advirtió Restivo, señalando que la medida busca amedrentar a la comunidad científica para frenar investigaciones que afecten los intereses del sector agroindustrial.

Resistencia de la comunidad y acciones legales

A pesar del bloqueo institucional, la evidencia del estudio continuó difundiéndose en publicaciones científicas internacionales. Asimismo, el pasado 15 de octubre Aparicio expuso públicamente los resultados de sus mediciones en el Concejo Deliberante de Balcarce.

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El caso provocó el rechazo de organizaciones socioambientales, pueblos fumigados, sindicatos, académicos y entidades de derechos humanos, quienes denunciaron que el Estado arremete contra los investigadores en lugar de utilizar la información para formular políticas de prevención en salud pública. Ante la ratificación de la sanción, la defensa legal de la científica confirmó que recurrirá a la vía judicial para apelar la legalidad de la medida y resguardar la autonomía de la investigación científica en Argentina.

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