El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, promulgó un paquete de leyes orientadas a frenar la política de persecución y deportaciones masivas impulsada por la Administración del presidente estadounidense Donald Trump.

La legislación prohíbe de manera expresa el uso de artefactos de tortura como los guantes de descarga eléctrica por parte de las fuerzas del orden, restringe el empleo de granadas aturdidoras en operativos migratorios e impone un impuesto del 25 por ciento al funcionamiento de los centros de detención privados gestionados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de teleSUR (@telesurtv)

Newsom denunció que la Casa Blanca antepone intereses electoralistas a la dignidad y seguridad de las familias trabajadoras, y enfatizó que California adoptará mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para detener los abusos en su territorio.

Entre los aspectos centrales del paquete normativo destaca la prohibición de que agentes del ICE con antecedentes por faltas graves o violaciones de derechos humanos sean contratados por organismos públicos del estado. Además, otorgará a los ciudadanos la facultad legal de demandar a funcionarios federales que vulneren sus garantías constitucionales.

Las medidas aprobadas responden directamente a las recientes decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que destinó 20 millones de dólares para equipar a sus efectivos con guantes de electrochoque CTG-5, diseñados para infligir dolor mediante descargas directas en la piel.

LEA TAMBIÉN:

Denuncian «represión y tortura» en centros de detención de migrantes de ICE en Arizona

Con esta legislación, el Gobierno californiano busca desmantelar la impunidad de las patrullas fronterizas y estrangular el beneficio económico de las corporaciones privadas que lucran con el encierro de migrantes.

Por su parte, voceros del DHS arremetieron contra la iniciativa soberana de California y amenazaron con judicializar las normativas ante los tribunales federales para garantizar la continuidad de las redadas.

A pesar del chantaje de Washington, la acción legislativa de California representa un freno institucional a la criminalización de la migración, exponiendo el carácter violento del aparato de deportación estadounidense y la resistencia de las comunidades frente a las agresiones de la extrema derecha.

En paralelo, movimientos sociales y defensores de DD.HH. denunciaron que el uso de guantes de electrochoque por parte de las agencias de control migratorio representa apenas una fracción de las prácticas de tortura y represión sistemática aplicadas contra la población vulnerable.

Las denuncias señalan que la impunidad gubernamental y el incremento de partidas presupuestarias hacia las agencias represivas consolidan un aparato estatal violento que cobró la vida de ciudadanos, y extendió el uso de estos dispositivos de choque incluso a centros penitenciarios y planteles educativos.

Los analistas advierten que esta violencia institucional se apoya en un complejo engranaje de propaganda mediática e industrial que busca normalizar la crueldad, infundir odio racial y deshumanizar a los migrantes.

Esta lógica supremacista, promovida por sectores radicales de la Administración Trump, aplica patrones de odio comparables con las doctrinas coloniales que justifican las agresiones contra pueblos soberanos como el palestino o la imposición de bloqueos criminales contra Cuba.

EN ESTA NOTA: