La Marcha del Orgullo de São Paulo, una de las mayores del mundo, cumple este domingo 30 años. En la víspera del masivo evento, Matheus Emilio, miembro de la junta directiva de la Asociación del Desfile del Orgullo LGBT de São Paulo, hizo un repaso histórico sobre el origen de esta manifestación, que comenzó en 1996 en la Praça Roosevelt.

Durante su intervención, destacó la importancia medular de sostener la lucha organizada en los espacios públicos para la conquista de las demandas sociales de la comunidad, y resaltó que estas demandas comenzaron como consignas en las calles de la Avenida Paulista antes de ser reconocidas formalmente por los tribunales brasileños.

El directivo de la organización subrayó que las tres décadas de manifestaciones populares demuestran de manera contundente cómo los logros políticos y civiles fundamentales de la población LGBT+ debieron pasar primero por la resistencia en la Avenida Paulista antes de ser reconocidos por los tribunales de justicia. 

Emilio recordó que en 2005 el desfile llevó a las calles la exigencia por los derechos civiles de las diversidades, un paso previo a que en 2011 el Supremo Tribunal Federal (STF) reconociera legalmente el derecho a la unión entre personas del mismo sexo. 

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Señaló también el antecedente de 2006, cuando la Parada levantó la bandera contra la violencia discriminatoria, sentando las bases para que en 2019 la máxima corte equiparara el delito de LGBTfobia con el racismo.

​El representante social enfatizó que este proceso de movilización popular ha sido el motor histórico para alcanzar otros hitos en el campo del derecho mediante procedimientos judiciales, entre los que mencionó las garantías para la población trans y el derecho a la donación de sangre. 

No obstante, Matheus Emilio advirtió que a pesar de estos importantes avances conseguidos gracias a la presión del pueblo en las calles y convalidados por la vía judicial, todavía queda un largo camino por recorrer en Brasil.

Concluyó señalando la necesidad de continuar la movilización para que estas determinaciones se transformen formalmente en leyes definitivas y que el poder legislativo asuma su responsabilidad de garantizar plenamente los derechos de todos.

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