El asesor jurídico y de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, lanzó una dura crítica contra el informe más reciente emitido por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y las declaraciones de su director general, Rafael Grossi. 

El diplomático persa afirmó que las dificultades técnicas señaladas por el organismo no son responsabilidad de Teherán, sino una consecuencia directa de la agresión militar extranjera.

​Gharibabadi denunció que las supuestas «ambigüedades» y la «falta de acceso» a las instalaciones nucleares iraníes que tanto resalta la agencia no son incidentales, sino el resultado material de las acciones de sabotaje y los ataques armados conjuntos perpetrados por Estados Unidos e Israel contra dichas infraestructuras.

​Críticas a la inacción y falta de condena de Rafael Grossi

​A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el funcionario lamentó que la AIEA guardara silencio y evitara denunciar los ataques contra complejos nucleares que se encontraban formalmente bajo el régimen de inspección internacional. 

En ese sentido, enfatizó que no se puede soslayar el origen de estas interrupciones operativas inducidas por actos de guerra y que los daños resultantes no deben utilizarse para justificar posturas desfavorables o sanciones contra Irán.

​“La AIEA carece de legitimidad para emitir informes sobre las consecuencias de dichos ataques sin pedir que los responsables asuman las medidas legales pertinentes”, subrayó Gharibabadi, quien calificó de “inaceptable” el intento de responsabilizar políticamente a Teherán por los efectos técnicos derivados de las agresiones de Washington y Tel Aviv.

​El asesor exigió al director general, Rafael Grossi, adoptar una postura clara y condenar firmemente las violaciones contra instalaciones protegidas por salvaguardias. 

Advirtió que la inacción del organismo genera serias dudas sobre su independencia, profesionalismo y autoridad regulatoria, e instó a la agencia a garantizar su imparcialidad y abstenerse de convertir sus balances técnicos en herramientas de presión política si aspira a formar parte de una solución diplomática.

​Una amenaza a los tratados de no proliferación

​Para el gobierno iraní, las incursiones militares contra sus plantas no solo constituyen una flagrante violación a su soberanía nacional, sino que representan una amenaza directa para la seguridad radiológica de las infraestructuras, los acuerdos internacionales de salvaguardias y la credibilidad misma del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP).

​Finalmente, Gharibabadi cuestionó las recurrentes alertas de la AIEA sobre el enriquecimiento de uranio iraní al nivel del 60 % y sus supuestos vínculos con fines militares. 

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Calificó este enfoque como una posición estrictamente «política, no técnica», reafirmando que las actividades de la República Islámica operan bajo los estándares y regulaciones establecidos.

​Estas declaraciones responden al último balance de la AIEA, en el cual el organismo calificó de “alarmante” la falta de acceso suficiente para supervisar el programa nuclear y exigió al gobierno iraní explicaciones inmediatas sobre el estado actual de sus reservas de uranio enriquecido.

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