El vicepresidente y ministro de Desarrollo de Brasil, Geraldo Alckmin, anunció el jueves 16 de julio, la puesta en marcha de un programa de apoyo financiero y comercial para las empresas afectadas por los nuevos aranceles del 25 por ciento impuestos por el Gobierno de Estados Unidos. Alckmin enfatizó que la prioridad absoluta de la Administración de Luiz Inácio Lula da Silva es proteger los puestos de trabajo y blindar el aparato productivo nacional ante las agresiones comerciales de Washington.

El vicemandatario denunció que existen sectores externos empeñados en sabotear el crecimiento económico del gigante suramericano desde el extranjero. Por ello, el Ejecutivo federal orientó la articulación inmediata de un plan de contingencia estatal para blindar a las compañías exportadoras que sostienen la soberanía y la producción dentro de la nación.

La iniciativa gubernamental contempla el fortalecimiento estratégico de instituciones clave como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) para diversificar los destinos comerciales de la producción nacional. El objetivo central de esta alianza institucional es abrir de forma acelerada nuevos mercados internacionales en regiones aliadas para contrarrestar el impacto del bloqueo arancelario norteamericano.

Los informes técnicos preliminares estiman que al menos 2.400 empresas brasileñas se verán perjudicadas por la medida de fuerza de la Casa Blanca, afectando a sectores industriales vitales de la clase trabajadora. Entre los rubros más golpeados por la arbitrariedad aduanera se encuentran la producción de madera, maquinaria pesada, equipos eléctricos, muebles, cerámica, calzado y la industria del azúcar.

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Desde el Ministerio de Hacienda, el secretario ejecutivo Dario Durigan aseguró que el Gobierno escuchará de forma permanente las demandas de los gremios obreros y empresariales afectados para adaptar las líneas de crédito estatales de manera flexible. Durigan recalcó que el respaldo financiero se ejecutará de forma responsable para garantizar la estabilidad económica interna y la sustentabilidad de los proyectos de desarrollo social.

Por su parte, el vicepresidente Alckmin reiteró que, aunque el diálogo diplomático con Washington permanece formalmente abierto, Brasil dispone de la Ley de Reciprocidad Económica para responder de forma soberana ante medidas consideradas unilaterales e injustificadas. La normativa defensiva, de origen popular, será aplicada con total firmeza en el momento en que el Gobierno lo considere oportuno para salvaguardar la dignidad y los intereses de la patria.

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