Tras la confirmación de la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de los comicios generales, la Fiscalía del Trabajo (MPT) de Brasil encendió las alarmas institucionales al registrar 3.396 denuncias por acoso electoral en diversos sectores empresariales, consistentes en amenazas, represalias y despidos motivados por la orientación política de los empleados.

​Esta cifra, que representa el 21,4 por ciento del total de denuncias laborales contabilizadas en todo el año, supera con creces los volúmenes de acoso reportados durante el proceso electoral de 2022.

​En respuesta a la escalada, el MPT articuló una batería de medidas de emergencia en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE), la Abogacía General de la Unión (AGU), el Tribunal Superior del Trabajo (TST) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) para frenar la persecución laboral y resguardar el secreto del voto.

​Durante la presentación del paquete gubernamental, las autoridades ministeriales y judiciales enviaron un mensaje directo al sector empresarial. 

“Esto refleja el descontento de un sector de empresarios que no acepta el resultado natural y democrático de las urnas. Todo trabajador tiene el derecho constitucional a elegir su filiación política. El acoso es inaceptable y aplicaremos sanciones severas para erradicarlo”, enfatizó el ministro de Trabajo y Empleo, Luiz Marinho.

​Por su parte, el Procurador General del Trabajo, Gláucio Araújo de Oliveira, advirtió sobre las consecuencias legales para los infractores:

“El empleador es dueño de la empresa, no del voto de su empleado. Despedir o intimidar a trabajadores por sus convicciones políticas es completamente ilegal y motivará acciones penales y civiles ante la Justicia Laboral”, remarcó.

​Medidas sancionatorias aprobadas

Se habilitó una plataforma digital en el portal del MTE para recibir testimonios y pruebas de discriminación o coacción en el entorno laboral.

Los inspectores del trabajo emitirán actas de infracción con multas acumulativas contra las compañías incumplidoras. También creación de un registro público de empresas condenadas por prácticas discriminatorias.

Igualmente, solicitaron a gigantes tecnológicos como Google y Meta para dar de baja contenidos, grupos y listas de boicot organizados en redes sociales contra trabajadores o comercios.

​Repunte de la violencia contra comunidades indígenas y afrobrasileñas

​El clima de polarización tras el escrutinio oficial repercutió también de forma alarmante en el campo y en los territorios originarios, especialmente contra las comunidades Guaraní y Kaiowá en el estado de Mato Grosso do Sul.

​La Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) calificó los reportes sobre hostigamientos y ataques armados como “sumamente preocupantes”, coordinando acciones de resguardo con la Policía Federal y el Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI).

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La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) y la organización Aty Guasu canalizaron las denuncias, contando con el respaldo de Amnistía Internacional, Greenpeace y la diputada federal Célia Xakriabá ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

“Son comunidades que enfrentan amenazas directas contra sus vidas, el acceso al agua y sus territorios ancestrales. Exigimos la intervención inmediata de la Fuerza Nacional para blindar sus asentamientos”, declaró la legisladora Xakriabá.

Los ministerios de Derechos Humanos y Ciudadanía (MDHC), Igualdad Racial (MIR) y la cartera de los Pueblos Indígenas conformaron una mesa de seguimiento conjunto para investigar ataques por motivos políticos y de odio racial contra pueblos originarios, comunidades quilombolas y centros religiosos afrobrasileños.

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