El fiscal general del Estado boliviano, Roger Mariaca, rechazó este lunes la revocatoria de su visado por parte de Estados Unidos (EE.UU.) y denunció injerencia extranjera, atribuyendo la medida a las investigaciones que sigue el Ministerio Público sobre procesos sensibles como el del exasesor presidencial, el argentino Fernando Cerimedo, y el caso denominado «Gasolina basura».

Desde Sucre, sede del Ministerio Público y en un mensaje acompañado por funcionarios de la institución, Mariaca afirmó que las decisiones adoptadas por Washington tomaron por sorpresa a las autoridades locales y exigió respeto a la soberanía de Bolivia y al principio de no injerencia.

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— Fiscalía de Bolivia (@FGE_Bolivia) September 29, 2026

Sostuvo que el trabajo de la Fiscalía genera incomodidad en sectores políticos tanto nacionales como internacionales, pero remarcó que ninguna presión impedirá indagar hechos que deben ser esclarecidos.

Al referirse específicamente al caso Cerimedo, en el cual se investiga un intento de feminicidio y legitimación de ganancias ilícitas, el titular del Ministerio Público indicó que este ha generado preocupación en diversos ámbitos, pero ratificó que no retrocederá «ni un centímetro».

Recordó antecedentes históricos de fricciones diplomáticas como la suspensión de la visa al expresidente Jaime Paz Zamora y la expulsión de un embajador estadounidense durante la gestión de Evo Morales, señalando que estos episodios demuestran que la soberanía debe estar por encima de la coyuntura política.

???? Estados Unidos restringe visados a funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por presuntos casos de corrupción pic.twitter.com/ox3hydjzgU

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Parlamento boliviano solicita información y debate medidas

Ante las sanciones anunciadas este lunes por el Gobierno de Donald Trump, que revocó los visados a 13 cargos y excargos bolivianos —además de un empresario— bajo acusaciones de corrupción y de socavar gobiernos democráticamente elegidos, el Poder Legislativo de Bolivia reaccionó solicitando la intervención de la Cancillería.

El presidente del Senado, Diego Ávila, y el titular de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, anunciaron una petición formal al Ministerio de Exteriores para que, a través de los canales diplomáticos correspondientes, gestione ante el Departamento de Estado de Estados Unidos la información oficial disponible sobre estos señalamientos.

???? El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, advirtió a funcionarios del Ejecutivo que intenten interferir en el caso Cerimedo: "Que se atengan a las consecuencias".

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— teleSUR TV (@teleSURtv) August 31, 2026

Ávila sostuvo que la gravedad de las denuncias exige una respuesta seria y responsable, recordando que «una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas».

En la misma línea, el senador oficialista informó que se solicitó al vicepresidente y titular del Legislativo, Edmand Lara, convocar con carácter de urgencia a una sesión parlamentaria para abordar el asunto. Sugirió que el fiscal general se aparte temporalmente de sus funciones mientras se aclaran las acusaciones, como medida de resguardo a la institucionalidad democrática y a la transparencia de las investigaciones.

El presidente de la Cámara de Diputados indicó que, una vez recibida la información desde Washington, esta será remitida a las instancias competentes para determinar las actuaciones legales y parlamentarias pertinentes. Castro puntualizó que, de comprobarse delitos, se deben establecer responsabilidades y sanciones por ley, mientras que, si los señalamientos carecen de sustento, corresponderá aclararlo ante el país.

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Alcance de las sanciones de Estados Unidos

La medida anunciada por el Departamento de Estado estadounidense restringe el ingreso a ese país a los ciudadanos afectados y a sus familiares directos, amparándose en la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y en la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional.

Según el comunicado oficial de Washington, las actuaciones de los señalados pondrían en peligro los esfuerzos para combatir el narcoterrorismo y socavarían las instituciones democráticas que el Estado boliviano busca fortalecer a través de su participación en el programa Escudo.

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