Este lunes 21 de septiembre el ejecutivo de Rodrigo Paz declara emergencia nacional mientras las organizaciones sociales y populares de Bolivia se han levantado en rechazo al incremento del 100 % del precio del diésel, que se implementó el pasado sábado tras la entrada en vigor de un estado de excepción, catalogados por muchos como una decisión de choque frente a los impactos esperados del catalogado «dieselazo».

Este aumento es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional （FMI）, que otorgó un crédito de 1.900.000.000 de dólares a cambio de medidas económicas severas. El gobierno anunció un bono de 55 dólares para 2.900.000 de personas en situación de precariedad y créditos para renovar unidades de transporte.

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Este aumento del precio del diésel ha generado un fuerte rechazo en las organizaciones sociales y populares, que han anunciado que se reunirán en las próximas horas para decidir qué medidas tomar.

La Central Obrera Boliviana (COB）es una de las organizaciones que participará en estas reuniones. El presidente Rodrigo Paz promulgó la ley que pone en vigencia el cumplimiento del acuerdo y las condiciones del FMI, medidas muy severas para la clase media y las clases populares de Bolivia.

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El gobierno ha anunciado que aplicará un bono llamado PP2, similar al PP1 que se otorgó en diciembre del año pasado. Este bono consistirá en 55 dólares pagaderos en tres meses y beneficiará aproximadamente a 2.900.000 de personas en extrema situación de precariedad en el país.

Además, el gobierno ha anunciado otras medidas paliativas, como el acceso a créditos para el transporte para renovar sus unidades motorizadas y cambiarlas por gas natural o gas licuado de petróleo.

El transporte está dividido, ya que algunos sectores han iniciado negociaciones con el gobierno para definir las nuevas tarifas, mientras que otros rechazan las medidas.

Por su parte la Confederación de Maestros Urbanos anunció una marcha nacional de protesta para este miércoles, mientras el gobierno ha advertido que el decreto supremo está vigente por 90 días más, y ha movilizado unidades conjuntas de la policía y las fuerzas armadas en la Operación Bolivia Unida.

Esta operación tiene como objetivo evitar cualquier reunión de personas que protesten contra el acuerdo con el FMI y cualquier manifestación que signifique bloqueo de caminos o carreteras. El gobierno a nivel oficial ha informado que no existe ningún bloqueo de carreteras en el territorio nacional.

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