La presidenta de México Claudia, Sheinbaum Pardo, demandó al Gobierno de Estados Unidos retirar el asilo otorgado a José Ulises Bernabé García, reclamado en extradición por la justicia mexicana ante su presunta participación en el ocultamiento de evidencias en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.

«Estamos insistiendo en que le quiten el asilo al juez de barandilla del caso Ayotzinapa, a Ulises Bernabé. No tiene por qué tener la protección de Estados Unidos, nunca estuvo en riesgo su vida», sostuvo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

«Declaró falsamente que los estudiantes de Ayotzinapa no estuvieron ahí, y estamos pidiendo su extradición», señaló Sheinbaum y recordó que Bernabé García se desempeñaba como oficial de barandilla de guardia la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Ante la falta de avance en la entrega del exfuncionario refugiado en territorio norteamericano, la mandataria envió un mensaje directo al Gobierno estadounidense. «¿Qué pedimos nosotros? Reciprocidad. Porque no se puede estar pidiendo de un lado y no responder del otro. Nosotros siempre queremos una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Justicia, pero es muy importante que haya siempre reciprocidad», dijo.

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Esta exigencia formal se conecta directamente con las líneas de investigación recientes sobre los dispositivos móviles de las víctimas.

Las indagatorias científicas y ministeriales permitieron establecer que uno de los teléfonos de los normalistas apareció en el interior de dicho juzgado de barandilla, un hallazgo físico que desmiente la versión sostenida por el exjuez y que respalda el testimonio de los estudiantes sobrevivientes sobre su presencia en el lugar la noche de los hechos.

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Nuevos análisis de registros telefónicos de 2014 y 2015 permitieron a las autoridades mexicanas identificar a 17 personas que no habían sido investigadas, según informó la Fiscalía General de la República (FGR) al presentar un informe tras el duodécimo aniversario del caso.

Las llamadas revelaron conexiones entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, policías, funcionarios y personas relacionadas con funerarias. En agosto pasado, Ángel Heladio Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada. Según habría ordenado ocultar y destruir evidencias relacionadas con lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

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Las investigaciones arrojan nueva luz sobre los acontecimientos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando un centenar de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, viajaba en cinco autobuses hacia la Ciudad de México para participar en una manifestación por el aniversario de la matanza estudiantil de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, cuando el convoy fue atacado por cinco patrullas municipales en Iguala, Guerrero.

En los hechos murieron tres estudiantes y otras cuatro personas, mientras que 43 jóvenes fueron detenidos y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. Doce años después, siguen desaparecidos.

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