El Gobierno de México anunció la ampliación de las pesquisas sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. Los nuevos avances se sustentan en reanálisis tecnológicos, videograbaciones y hallazgos en una funeraria.

«Los siguientes pasos (son): primero, mantener y ampliar la búsqueda de los estudiantes; segundo, encontrar la verdad y la justicia; tercero, profundizar la investigación de la línea de las videograbaciones, su destino y la participación de diversas personas, incluidos funcionarios de aquel momento; y cuarto, profundizar la investigación de la línea de la funeraria y el Servicio Médico Forense», declaró el subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso, Arturo Medina.

A 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el dolor y la exigencia de justicia siguen más vivos que nunca. ????️????????

Familiares y ciudadanos exigen la verdad tras más de una década de impunidad y promesas no cumplidas. ¿Hasta cuándo esperarán… pic.twitter.com/1NjbHs00Vu

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Nuevas rutas de investigación

La implementación de tecnologías avanzadas para el reanálisis de registros telefónicos de 2014 y 2015 permitió a la Fiscalía General de la República identificar a 17 nuevas personas no investigadas previamente. Maurico Pazarán, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, indicó que se reconstruyeron las comunicaciones nocturnas entre miembros de la organización criminal Guerreros Unidos —se considera que ejecutó la desaparición de los jóvenes—, policías, servidores públicos y particulares.

“Hoy sabemos quién se comunicó con quién, cuántas veces, en qué momento”, afirmó Pazarán. El uso ilegal de los teléfonos móviles de los desaparecidos reveló dos nuevas rutas: una red vinculada a funerarias y al Semefo (Servicio Médico Forense) de Iguala, y la hipótesis de que 17 normalistas estuvieron en la comandancia municipal.

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Uno de los cruces telefónicos llevó a las autoridades hasta Rodolfo, un empresario funerario cuya familia operaba el Semefo y tenía vínculos con el panteón municipal. El 4 de octubre de 2014, este individuo utilizó el aparato móvil del estudiante Julio César Mondragón Fuentes, lo que motivó una serie de cateos.

En la Funeraria El Ángel, los agentes incautaron un resto óseo dentro de un cajón, un arma de fuego, documentación, un crematorio sin registro, certificados de defunción, además de oficios de traslado y autorizaciones de inhumación sellados y firmados en blanco. Los operativos posteriores en la funeraria y el Semefo permitieron recolectar 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, restos biológicos y prótesis dentales.

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Parte del material se encuentra bajo análisis con el respaldo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Con base en testimonios que sugieren el traslado de jóvenes a estos establecimientos, la Fiscalía investiga una red de ocultamiento de evidencias operada por Guerreros Unidos, proceso que hasta el momento mantiene a siete personas vinculadas.

Esclarecimiento en la comandancia y situación judicial

Otra de las líneas prioritarias busca esclarecer el paso de 17 normalistas por la comandancia de Barandilla de Iguala. La Fiscalía recopiló siete declaraciones —cuatro de policías municipales, dos de integrantes de Guerreros Unidos y una de un sobreviviente— junto con el rastreo del teléfono de Israel Caballero Sánchez, utilizado tras su desaparición por la esposa de un exfuncionario.

Estos elementos contradicen la versión de José Ulises Bernabé, exjuez de Barandilla de Iguala, cuya extradición se solicita a Estados Unidos y quien sostuvo que en esa oportunidad solo ingresaron seis detenidos ajenos a la escuela normal. “Para el Gobierno de México, esclarecer lo ocurrido en la Barandilla es una línea de investigación prioritaria”, recalcó Medina.

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Las autoridades también avanzan en la recuperación de videograbaciones ocultas del Palacio de Justicia —ordenadas por el exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, hoy detenido— y en procesos de extradición desde Estados Unidos e Israel. Respecto a las gestiones internacionales, Medina recordó que el tema fue abordado directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su visita al país en septiembre de 2025.

La unidad investigadora contabiliza 168 personas procesadas, de las cuales 130 permanecen en prisión, incluyendo a 17 militares. Suman 30 detenciones desde octubre de 2024. Adicionalmente, se digitalizó cerca del 90 % de cinco millones de expedientes y se han intervenido 1.931 sitios de búsqueda desde 2019.

⚠️ El gobierno federal de México aseguró que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa "continúa siendo prioridad de Estado". #teleSUR #México #2Sep pic.twitter.com/ZAqVoO2kXm

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El Gobierno mantiene una ruta de colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para la integración de expertos independientes, y reafirmó el compromiso oficial. “No vamos a bajar la guardia. Intensificaremos las búsquedas”, aseguró el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso.

La noche del 26 de septiembre de 2014, un centenar de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos viajaba en cinco autobuses hacia la Ciudad de México para una manifestación cuando el convoy fue atacado por cinco patrullas municipales en Iguala, Guerrero.

En los hechos murieron dos alumnos y cuatro transeúntes, mientras que 43 jóvenes fueron detenidos y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. La Fiscalía sostiene además la hipótesis de que el quinto autobús transportaba un cargamento de heroína con destino a Chicago, Estados Unidos.

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