Una coalición formada por 24 estados y el Distrito de Columbia presentó este jueves una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump ante un tribunal federal de Rhode Island.

La querella impugna la legalidad de las condiciones impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para acceder a los fondos federales destinados a la preparación, respuesta y recuperación de desastres.

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Los estados demandantes argumentan que vincular estos recursos, aprobados por el Congreso, al cumplimiento de políticas específicas es ilegal e inconstitucional. La Administración Trump exige a las jurisdicciones locales adoptar mandatos federales en materia de control migratorio, colaboración con agencias federales y nuevos requisitos de administración electoral como condición para recibir las subvenciones.

“La Administración ya ha perdido batallas similares en los tribunales, y prevemos que este último intento ilegal también fracasará”, afirmó Rob Bonta, fiscal general de California que lidera la demanda, añadiendo que las comunidades “merecen algo mejor que ver sus recursos esenciales envueltos en juegos políticos”.

???? El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reveló ante el Senado que las operaciones militares dirigidas contra Irán desde el 28 de febrero han generado un gasto acumulado de 37.500 millones de dólares.

???? Durante su comparecencia en la cámara alta, Hegseth…

— teleSUR TV (@teleSURtv) July 22, 2026

Bonta, quien lidera la demanda junto a su homólogo de Illinois, Kwame Raoul, señaló que esta no es la primera vez que la Casa Blanca intenta bloquear estos recursos. Previamente, los fiscales estatales ya habían logrado bloquear dos intentos similares relacionados con estos programas.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, expresó que el gobierno busca que los estados promuevan leyes que no beneficien a sus ciudadanos ejerciendo presión con la seguridad como excusa. “Una vez más, el gobierno de Trump amenaza con poner en riesgo la seguridad pública al retener ilegalmente miles de millones en fondos críticos y, una vez más, no se saldrán con la suya”, afirmó el fiscal.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió que el mandatario no puede coaccionar al estado para modificar sus leyes electorales. A la iniciativa jurídica se han sumado estados como Nueva York, Nueva Jersey, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, Kentucky y Pensilvania, conformando un amplio frente legal contra la política de condicionamiento de ayudas federales.

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