El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador suma 15 resoluciones que restringen a la oposición y avalan al Gobierno de Daniel Noboa, en medio de crecientes denuncias por indefensión democrática.

Las decisiones del organismo se agrupan en tres ejes: sanciones e inhabilitaciones contra liderazgos opositores, blindaje judicial al adelanto electoral y resoluciones previas que han protegido al Ejecutivo. De cara a los comicios seccionales previstos para noviembre de 2026, diversas fuerzas políticas han denunciado un patrón sistemático de parcialidad.

El TCE suspendió al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, por seis meses y le impuso una multa de USD 12.050 por violencia política de género, lo que impide su reelección. La medida se suma a la proscripción de nueve meses contra el Movimiento Revolución Ciudadana (RC), derivada del caso «Caja Chica», que dejó al frente fuera del proceso electoral de 2026.

El tribunal también decretó la suspensión provisional del Movimiento Amigo (Lista 16) por nueve meses antes del cierre de alianzas, bloqueando la plataforma que la oposición había articulado como alternativa tras la inhabilitación de la RC.

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Las sanciones alcanzaron al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, con multas por presunta violencia de género y promoción electoral. La asambleísta Viviana Veloz fue multada con USD 9.000 por supuesta campaña anticipada.

En el caso del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, el pleno del TCE rechazó su inhabilitación por violencia de género, aunque la suspensión de la Lista 16 le privó de la plataforma con la que proyectaba participar.

Resoluciones previas a favor del Ejecutivo

El historial del tribunal incluye decisiones clave que han blindado al presidente Daniel Noboa y a su círculo cercano. El TCE rechazó las denuncias contra el mandatario por no solicitar licencia durante el período de campaña y archivó las acusaciones por violencia política contra la asambleísta oficialista Diana Jácome.

El organismo también descalificó la candidatura presidencial de Jan Topic para los comicios de 2025, al alegar conflicto de interés por contratos estatales de sus empresas. En una decisión inédita, suspendió los derechos de participación de la vicepresidenta Verónica Abad, impidiéndole asumir la jefatura de Estado de forma interina durante la campaña presidencial.

Organizaciones sociales y activistas consideran que este conjunto de fallos configura un escenario de indefensión democrática que compromete la equidad del proceso electoral de noviembre de 2026, en un contexto donde el oficialismo concentra herramientas institucionales y judiciales que limitan la participación de sus contendientes crecen los cuestionamientos sobre el ejecutivo de parte de partidos, movimientos políticos y sociales y activistas de diferentes sectores de la sociedad civil ecuatoriana.

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