El Bosque Nacional de Jamanxim, ubicado en el estado brasileño de Pará, enfrenta una grave amenaza ambiental tras la pérdida del 30 por ciento de su superficie original debido a incendios forestales sistemáticos. A lo largo de los últimos 40 años, más de 380.000 hectáreas han resultado arrasadas por las llamas, abriendo el paso a la ocupación ilegal de tierras públicas.

Frente a este escenario de destrucción ecológica, el Senado de Brasil aprobó un controvertido proyecto de ley impulsado por la bancada de terratenientes para desafectar el 37 por ciento del territorio protegido. La normativa legal, que cuenta con el respaldo de grandes ganaderos y sectores mineros, fue enviada al presidente Luiz Inácio Lula da Silva para su promulgación o veto definitivo.

La propuesta legislativa pretende transformar las áreas deforestadas e invadidas en Áreas de Protección Ambiental, un modelo permisivo que habilita la propiedad privada, la ganadería extensiva y la explotación minera. Diversos analistas señalan que la medida busca regularizar la usurpación histórica cometida por grandes terratenientes bajo el pretexto de beneficiar a pequeños campesinos.

Especialistas del Observatorio del Clima advirtieron que la aprobación de esta ley premia el acaparamiento ilegal de tierras e imposibilita cumplir las metas de deforestación cero en el continente. Organizaciones sociales recordaron que Jamanxim fue el epicentro del nefasto «Día del Fuego» en 2019, evento criminal coordinado por sectores del agronegocio que aceleró el deterioro del ecosistema amazónico.

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El proyecto de ley forma parte de un paquete de iniciativas impulsadas por sectores conservadores en el Congreso para desmantelar las reservas naturales y frenar las políticas de conservación federales. La iniciativa contó con el ponente del partido MDB en el Senado, el terrateniente Jader Barbalho, quien justificó la reducción del parque natural como una vía para pacificar los conflictos agrarios de la región.

Movimientos ambientalistas e instituciones comunitarias exigen al Ejecutivo nacional el veto total del texto legislativo para preservar la biodiversidad y frenar el avance del latifundio. La ratificación del área protegida representa una prueba decisiva para consolidar la soberanía ambiental, proteger el patrimonio natural del Sur Global y detener la devastación capitalista en la Amazonía.

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