El dirigente social y político argentino, fundador del partido Patria Grande y diputado, Juan Grabois, se sumó a quienes repudiaron el violento y arbitrario desalojo perpetrado la víspera por gendarmes contra integrantes de una comunidad originaria en Santa Rosa de Humahuaca, Jujuy, en el norte, hecho que ha suscitado innumerables muestras de indignación.

Los uniformados sacaron a mujeres, niños y ancianos de sus hogares, y permitieron que maquinaria pesada los destrozara en medio de frías temperaturas. La comunidad denunció que durante la extracción los agentes se llevaron con paradero desconocido a varios menores de edad y reprimieron con balas de goma a quienes se opusieron de manera pacífica a los abusos.

A través de X, Grabois se manifestó de manera contundente: «Esto sucedió ayer en la comunidad de Santa Rosa de Humahuaca, Jujuy; estas cosas están pasando en Argentina. Tenemos que unirnos para detener toda esta mierda y hacer que todos esos hijos de puta que se dedican a pisotear a los demás paguen por ello».

La brutalidad de los agentes quedó documentada en videos y fotos que se viralizaron a través de las redes sociales. Este martes un grupo de mujeres de la comunidad permanece en resistencia pacífica en el predio donde ocurrió el desalojo, frente a agentes con indumentaria antidisturbios y las amenazas de ser expulsados de las tierras en que viven desde hace generaciones.

La dirigente política jujeña Cristina Guzmán también criticó la violencia policial. Confirmó que su equipo técnico y político se involucrará activamente en el caso para tomar conocimiento directo del expediente judicial.

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Guzmán, quien pertenece al Movimiento Popular Jujeño, agregó que el objetivo de su intervención es verificar la validez de las medidas dictadas, la participación del Ministerio de Seguridad y la identificación de quienes ordenaron el avance de la infantería sobre las familias de Humahuaca.

Oficialmente se conoció que el lunes miembros de la comunidad aborigen de Santa Rosa fueron fuertemente reprimidos por efectivos policiales que les dispararon con balas de goma para desalojarlos de terreno que habitan desde generaciones. El procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial emitida por el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Juan Pablo Calderón.

Referentes y pobladores de la zona señalaron que la medida se ejecutó a pesar de graves irregularidades previas, como la utilización de planos con errores técnicos reconocidos por organismos provinciales y sin respetar el derecho a la posesión comunitaria de la tierra.

Previo a concretar la expulsión de las familias de sus tierras ancestrales, efectivos de la policía provincial desplegaron un fuerte operativo que derivó en momentos de extrema tensión y represión. Integrantes de la comunidad criticaron el accionar de las fuerzas de seguridad, e hicieron un llamado urgente a organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y al público en general.

A los cuestionamientos de Grabois y Guzmán se han sumado otras voces como los diputados nacionales Myriam Bregman y Nicolás del Caño, así como la diputada provincial Natalia Morales, entre otros referentes.

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