Organizaciones campesinas, indígenas y garífunas de Honduras rechazaron este martes la ley agroindustrial para proteger sus tierras ancestrales y la consideran un mecanismo legal diseñado para favorecer intereses corporativos sobre los derechos originarios de las comunidades, además de exigir la anulación inmediata de los procesos penales y los desalojos contra defensores territoriales.

La ley para el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial, aprobada por el Congreso Nacional en junio de 2026, establece medidas de ejecución prioritaria que ya han sido invocadas en violentos desalojos territoriales.

La coordinadora general de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, Jessica Trinidad, detalló el impacto inmediato de la normativa tras su aprobación. «En el marco de la ley agroindustrial ha habido hasta ahora dos desalojos. El primero en la comunidad garífuna de San Juan, que es en el norte de Honduras, que es todo este litoral del Caribe. Y el segundo, que se realizó la semana pasada en la comunidad del Tulito, en Choluteca, que es en el sur del país. Estos son los dos desalojos que ha habido hasta ahora en el marco de esta ley que viene a proteger a los empresarios», denunció Trinidad.

Las comunidades movilizadas cuestionan la evidente asimetría en la aplicación de la justicia hondureña. Mientras el Estado ejecuta expulsiones en territorios ancestrales, el proyecto neocolonial Próspera, en la isla de Roatán, continúa operando con impunidad pese a que la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las zonas de empleo y desarrollo económico desde su origen.

Al respecto, la coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda, criticó con firmeza la doble moral institucional. «A nosotros nos desalojan, pero no desalojan a esa empresa como Próspera, no desalojan a todo eso que tienen apoderado y que tienen acaparado los territorios de los pueblos indígenas, de los pueblos garífunas y del pueblo hondureño».

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Ante la sistemática agresión, OFRANEH instaló el campamento permanente «Por la Vida del Pueblo Garífuna» frente a la sede judicial en Tegucigalpa, desde el cual exige detener la criminalización contra cinco defensores de la comunidad de San Juan, Tela, acusados de usurpación por defender tierras amparadas bajo una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tras el violento operativo policial del pasado 6 de julio de 2026, el proceso penal fue arbitrariamente remitido al Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada de San Pedro Sula, buscando catalogar la legítima resistencia comunitaria como delincuencia estructurada.

???? Honduras: alianza campesina e indígena denuncia "despojo territorial" y exige cambios en políticas públicas

???? Setenta organizaciones cuestionaron decretos que facilitan desalojos y criminalizan la protesta, denunciaron el retorno al Ciadi y exigieron un mecanismo nacional… pic.twitter.com/g8aZoCC9f4

— teleSUR TV (@teleSURtv) July 20, 2026

Miriam Miranda advirtió sobre la existencia de un conflicto de intereses en el caso de San Juan, donde la empresa Promociones y Turismo (PROMOTUR), vinculada a la familia Rosenthal Hidalgo, reclama el predio ancestral utilizado por la comunidad desde 1967. «Quien puso a Wagner Vallecillo como presidente de la Corte Suprema es Yani Rosenthal, y es la familia Rosenthal quien está reclamando esas tierras en la comunidad de San Juan», alertó la lideresa garífuna, recordando que los reclamos históricos fueron reconocidos por la CIDH en los párrafos 62 y 64 de su respectiva sentencia contra el Estado hondureño.

Como parte de la estrategia de lucha, organizaciones sociales presentaron una iniciativa ciudadana para promover un juicio político contra el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, a quien señalan como responsable directo de la aprobación del decreto. Ante la movilización, Zambrano declaró: «Ellos presentan en su encabezado que lo hacen mediante iniciativa ciudadana, entonces vamos a mandar a verificar la firma… vamos a votar la instancia con base en las leyes de mecanismos de participación ciudadana y le pedimos a la secretaría que lo remita al registro de las personas y pónganle un plazo de 10 días al registro, para que en 10 días nos remita la verificación y validación de las firmas y votemos el tema».

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A pesar de las dilaciones del Congreso, las agrupaciones populares consideran que la movilización ya representa una condena moral a la gestión legislativa. «Yo creo que va a ser difícil que él mismo se juzgue a sí mismo, pero el pueblo se lo está juzgando desde el momento que pide juicio, por algo que no debe pasar, que es la aprobación de una ley, que es una ley violatoria contra los derechos humanos desde todo punto de vista», aseveró Miranda.

El campamento «Viva Berta» exige el cierre definitivo de las causas penales, el respeto irrestricto de las sentencias internacionales de la Corte IDH y el fin de la persecución judicial en Honduras, donde se estima que existen al menos mil órdenes de desalojo pendientes de ejecución bajo el amparo de la cuestionada legislación.

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