Integrantes de la comunidad originaria de Santa Rosa, en Argentina, denunciaron un violento operativo de desalojo ejecutado en la jornada de este lunes en la localidad de Humahuaca, provincia de Jujuy (norte), que dejó un saldo de al menos diez personas heridas con perdigones de goma, tres viviendas totalmente destruidas por maquinaria pesada y una profunda incertidumbre sobre el paradero de menores de edad que fueron retirados del lugar durante el brutal procedimiento.

Tras presentarse en la fiscalía para ampliar la denuncia penal, el vicecomunero Ángel Mendoza, ofreció detalles a la prensa sobre el accionar de las fuerzas de infantería y la policía que irrumpieron en el terreno comunitario.

Repudiamos la represión y el desalojo de la policía de Sadir a familias de las comunidades originarias de Humahuaca, #Jujuy.

Mujeres con niños en brazos fueron sacados con mucha violencia. ¡Exigimos la libertad inmediata a todos los detenidos! pic.twitter.com/nOGTXlXayl

— Myriam Bregman (@myriambregman) August 10, 2026

«Entraron tirando balas de goma y gases lacrimógenos. Había menores, adultos mayores y personas con discapacidad. Tiraron todas las cosas afuera y con una máquina sin patente derrumbaron por completo las tres casas donde vivían tres familias de nuestro pueblo«, denunció.

Mendoza agregó que el enfrentamiento se produjo cuando las familias intentaron frenar el avance de las máquinas en defensa de sus hogares. Según el reporte de los damnificados, al menos diez personas resultaron heridas por múltiples impactos de perdigones realizados de manera directa al rostro y el cuerpo de los comuneros, lo cual contraviene los protocolos de actuación policial para el uso de armamento no letal.

La policia de Sadir y la Justicia de Jujuy desaloja violentamente a mujeres y familias de la comunidad indígena Santa Rosa en Humahuaca
Hay heridos con balas de goma y detenidos. Repudiamos estos graves hechos.
Libertad de las mujeres detenidas. pic.twitter.com/c9pllldoWL

— Natalia Morales (@NatuchaMorales) August 10, 2026

El punto de mayor gravedad institucional radica en el traslado de los niños, de entre 1, 2, 5 y 7 años, pertenecientes a las familias desalojadas sin la debida notificación ni autorización de sus progenitores.

El conflicto de fondo se enmarca en una disputa territorial interna entre dos partes de la misma comunidad por la posesión de una parcela de tierra. Desde la conducción actual sostienen que el reclamo de la contraparte se basó en documentación irregular y planos no reconocidos oficialmente por la Dirección de Inmuebles.

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Los damnificados cuestionaron la validez y la vía institucional de la orden judicial que desencadenó el operativo, señalando la intervención de un Juzgado de Paz ajeno a la jurisdicción local. También reclamaron la asistencia urgente del municipio de Humahuaca y del Gobierno provincial para brindar contención y techo a las familias que quedaron en la calle.

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