En medio de una persistente lluvia, miles de personas se movilizaron este jueves frente al Congreso de la Nación argentina para rechazar el proyecto de ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», impulsado por el Gobierno de Javier Milei, en una jornada marcada por la represión policial contra los manifestantes.

Organizaciones sociales denunciaron que las fuerzas de seguridad avanzaron cuando la protesta transcurría de manera pacífica en las inmediaciones del recinto legislativo.

En defensa de la soberanía argentina y bajo la consigna «La patria no se vende, no se quema ni se desaloja», la convocatoria reunió a la CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organizaciones ambientales, civiles y sectores del peronismo y la izquierda, en el marco de la sesión que el Senado desarrollaba de forma paralela para tratar la iniciativa. Además de la movilización en Buenos Aires, se registraron cientos de concentraciones en ciudades de todo el país.

Represión con hidrantes, gases y balas de goma

Con el correr de la tarde, las fuerzas de seguridad federales avanzaron sobre los manifestantes con camiones hidrantes y gases lacrimógenos. Organizaciones sociales, sindicales y dirigentes presentes en el lugar denunciaron que la Policía comenzó a dispersar la protesta cuando no se registraban incidentes ni hechos de violencia por parte de los manifestantes.

Por el momento, las autoridades no informaron si hubo detenidos durante el operativo. Sin embargo, mediante imágenes televisivas se supo que hay al menos una persona herida en un párpado producto de un impacto de bala de goma.

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Las críticas apuntaron contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien responsabilizaron por el operativo. Hacia el final de la jornada, efectivos de Gendarmería avanzaron además con disparos de balas de goma en la intersección de Callao y Bartolomé Mitre, y en las inmediaciones de la Plaza del Congreso, en un despliegue que también alcanzó a periodistas que cubrían la represión.

Ante la desproporcionalidad del operativo represivo, miles de personas se dirigieron hacia Plaza de Mayo para continuar la movilización contra la iniciativa legislativa impulsada por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei.

Lo que se debate en el Senado

La movilización se sostuvo pese a que, horas antes, el bloque oficialista había retirado formalmente el capítulo que habilitaba la venta de tierras rurales a extranjeros, ante el creciente rechazo popular y la falta de consensos para garantizar su aprobación en la sesión de este jueves.

Sin embargo, los sectores convocantes advirtieron que el resto del proyecto continúa representando lo que definieron como un «ataque directo» a los derechos habitacionales, comunales y ecológicos.

Entre los puntos que generan mayor rechazo se encuentra la modificación a la Ley de Manejo del Fuego, que reduce drásticamente la prohibición de 30 años para cambiar el uso de tierras rurales, pastizales y zonas agrícolas arrasadas por incendios. Organizaciones ambientalistas advierten que la medida podría incentivar la provocación de incendios intencionales para habilitar su reconversión inmobiliaria o agropecuaria.

Otro de los ejes de conflictividad es la institucionalización de lo que las organizaciones de inquilinos llaman «desalojo exprés». El presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, Gervasio Muñoz, explicó que la reforma retira garantías de defensa judicial a los inquilinos: basta con que el propietario acuda a la Justicia y declare que la persona no pagó o no tiene contrato para que, en un plazo de 72 horas, se ordene el desalojo, sin posibilidad real de que la familia afectada se defienda.

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A esto se suma el endurecimiento de las condiciones para las expropiaciones por utilidad pública y el retroceso sobre normativas que protegen la propiedad comunal de la tierra, un punto que preocupa particularmente a la UTEP y a comunidades originarias, que advierten quedar más expuestas frente al avance extractivista y los terratenientes locales.

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