El primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó este jueves la necesidad de que el movimiento separatista de la provincia de Alberta respete los derechos de los pueblos indígenas y la legislación canadiense, tras la decisión de una jueza de anular una iniciativa popular para convocar un referéndum independentista.

Carney, originario de Alberta, defendió la unidad nacional en una rueda de prensa en Ottawa, aseverando que «el mejor lugar para Alberta es Canadá». Además, enfatizó que su Ejecutivo trabaja constantemente para reforzar el «federalismo» mediante la cooperación estrecha con todas las provincias y territorios, garantizando que Alberta se fortalezca como parte integral de una Canadá fuerte.

El jefe de Gobierno canadiense respaldó la posibilidad de que las provincias promuevan referendos «sobre distintos temas», siempre que se ajusten al marco normativo vigente. «Somos una democracia» recalcó, recordando que cualquier consulta independentista debe ser «consistente» con la Ley de Claridad, la cual establece que el Parlamento canadiense decide, en última instancia, si la pregunta es apropiada y si el resultado es suficiente para iniciar negociaciones de secesión.

La jueza Shaina Leonard revocó una autorización que el organismo electoral provincial, «Elections Alberta», había concedido previamente al grupo separatista «Stay Free Alberta». Dicha autorización permitía a esta organización iniciar el proceso para convocar un referéndum de independencia, lo que incluía la recolección de más de 300.000 firmas de la ciudadanía. Con la anulación de la jueza, el avance de esta iniciativa para realizar la consulta popular quedó detenido.

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La jueza consideró que la iniciativa ignoraba un fallo previo que advertía sobre la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y que las autoridades debían haber consultado previamente a estas comunidades.

Varias comunidades originarias de Alberta habían impugnado el proceso, indicando que un eventual referéndum de secesión afectaría sus derechos protegidos por tratados históricos firmados con la Corona británica antes de la creación de la provincia.

Las declaraciones de Carney se producen después de que Danielle Smith, jefa de Gobierno de la provincia de Alberta y líder del Partido Conservador Unido, calificara de «antidemocrática» la decisión judicial. Smith había facilitado el avance de la iniciativa separatista al rebajar el número de firmas exigidas para iniciar el proceso de más de 500.000 a 177.732, y declaró que estudiará la respuesta de su Gobierno a la decisión judicial, evidenciando una confrontación con la judicatura y el Gobierno federal.

La decisión judicial de Leonard no impide necesariamente la celebración de una consulta sobre la independencia, solo anula la iniciativa ciudadana específica.

El Gobierno provincial de Alberta había permitido a los separatistas presentar de nuevo la solicitud tras un primer rechazo y modificó la legislación para suprimir la exigencia de constitucionalidad en los referendos de iniciativa ciudadana.

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