El Juzgado Federal n.º 3 de Córdoba, en el centro de Argentina, confirmó que aumentó a 8 el número de víctimas de la dictadura cívico-militar identificadas tras las pericias forenses que siguieron al hallazgo de restos humanos en la guarnición militar La Calera, ubicada en la referida provincia.  

La labor científica está a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y expertos y autoridades locales, desplegados en la zona conocida como «Loma del Torito». La guarnición está ubicada junto al predio en que funcionó el centro clandestino de detención y exterminio La Perla, donde fueron hallados restos óseos durante 2025. 

Las 8 víctimas fueron identificadas como Néstor Albino Acosta, Pascual Delfín Ludueña, Claudio Norberto Nardini, Cecilia Alicia Pessina de Ávila, Mónica Protti de Guillén, Mercedes del Valle Ramírez, María Luisa Salto y Juan Carlos Soulier. Estaban desaparecidos desde 1976. Fueron secuestrados, torturados y asesinados.

???????? La identificación de ocho personas desaparecidas halladas en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla fue informada en conferencia de prensa en los Tribunales Federales de Córdoba. Con estas nuevas identificaciones, ya son 38 las personas desaparecidas halladas e identificadas por el EAAF. Los nombres de los nuevos identificados son: Néstor Albino Acosta, Pascual Delfín Ludueña, Claudio Norberto Nardini, Cecilia Alicia Pessina de Ávila, Mónica Protti de Guillén, Mercedes del Valle Ramírez, María Luisa Salto y Juan Carlos Soulier. Alejandro Jesús Jerez Boderau , que había sido identificado en agosto último, también fue anunciado en el marco de la conferencia. De la conferencia de prensa participaron familiares de las personas identificadas, el juez federal Hugo Vaca Narvaja, la investigadora del EAAF Silvana Turner, la genetista del EAAF Laura Catelli, la responsable del Servicio de Antropología de la justicia de Córdoba Anahí Ginarte y el geólogo consultor del EAAF Guillermo Sagripanti. Rosa Miriam Ludueña, sobrina de Pascual Delfin, expresó: “Creo que este es el tiempo en que la verdad ya no está amarrada, está libre, y esta verdad nos acerca a la paz, a la justicia y a honrar la vida. También a despertar la conciencias de las personas adormecidas y así decir Nunca Más”. Sebastián Soulier, hijo Juan Carlos, aseguró: “ Después de 50 años la tierra nos los empieza a devolver. Son 38 identidades que vuelven a las familias. Encontrarlos es como una caricia al alma en estos tiempos tan duros”. “Después de 50 años es una alegría recuperar un poquitito de ella, y poder llevarla a Cipolletti”, María Mercedes Santo, hermana de María Luisa Salto. “La semana pasada, esta noticia que yo no esperaba, me sorprendió increíblemente. Pensaba que Cecilia había sido enterrada en otro lugar, porque nadie la vio pasar por la Perla. Me conmovió y me sorprendió el hallazgo. Encontraron un huesito, es el metacarpo de la mano derecha. Yo lo llamo ‘el huesito que habla.’ El huesito me cuenta que apareció la prueba de qué fue secuestrada y asesinada. El huesito sigue hablando”, dijo Graciela, hermana de Cecila Pesina de Ávila. #Córdoba #LaPerla

— Equipo Argentino de Antropología Forense (@eaafoficial) October 23, 2026

El anuncio de los hallazgos se realizó de manera pública en una transmisión oficial del acto judicial. La restitución de estas identidades «deja atrás el estatus de desaparición forzada» para estas personas y se suma a los hallazgos previos logrados por el EAAF en el marco de las excavaciones iniciadas en 2025.  

Las labores técnicas en el terreno comprendieron la apertura de 4 hectáreas y la ejecución de unos 10.000 metros lineales de trincheras, divididas en 470 zanjas. Los peritos forenses constataron que los restos óseos fueron desarticulados deliberadamente mediante el uso de maquinaria pesada durante el periodo dictatorial, un patrón clandestino orientado a ocultar los crímenes y coincidente con los testimonios de los sobrevivientes. 

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El predio de La Perla funcionó como el principal nodo represivo del terrorismo de Estado en el interior argentino entre 1976 y 1978. Se estima que por sus instalaciones clandestinas «pasaron entre 2.200 y 2.500 personas secuestradas».  

Desde inicios del milenio, el Tribunal Federal cordobés sentó bases legales para el cumplimiento legal al impulsar estas búsquedas sistemáticas mediante técnicas científicas multidisciplinarias que hasta el momento permitieron identificar a 38 personas inhumadas ilegalmente en fosas comunes. 

Organismos de derechos humanos y representantes judiciales destacaron que este avance técnico «aporta certezas jurídicas a las familias tras medio siglo de impunidad y silencio institucional». Las investigaciones forenses continúan en el predio militar con el propósito de exhumar nuevos fragmentos óseos y esclarecer el destino final de las víctimas que permanecen desaparecidas en el interior del país. 

El proceso de desaparición forzada sistemática implementado por la última dictadura militar en Argentina (1976-1983) dejó una herida abierta en la memoria social e institucional del país sudamericano.

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A través del accionar del terrorismo de Estado, las fuerzas armadas instauraron un sistema clandestino de secuestro, tortura y exterminio compuesto por más de 500 centros clandestinos de detención distribuidos a lo largo del territorio nacional. Fue La Perla uno de los enclaves represivos más cruentos del interior. 

Tras el retorno democrático en 1983, la lucha sostenida por los organismos de derechos humanos con organizaciones civiles como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo impulsó la anulación de las leyes de impunidad y el inicio histórico de los juicios por delitos de lesa humanidad.  

En este recorrido institucional, la labor pionera del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se convirtió en un pilar científico fundamental para exhumar, analizar genéticamente y restituir la identidad de miles de personas sepultadas como NN. De este modo, la tumba anónima se transforma en una prueba judicial determinante. 

El significado histórico de estos nuevos hallazgos radica en la capacidad de la ciencia forense para vencer el pacto de silencio castrense y la destrucción deliberada de pruebas. A casi 50 años del golpe cívico-militar que dejó 30.000 detenidos-desaparecidos, la identificación sistemática de restos óseos fragmentados no sólo reescribe la verdad histórica de las comunidades afectadas, sino que consolida la vigencia de los principios constitucionales de memoria, verdad y justicia en la democracia argentina. 

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