La Justicia argentina declaró inconstitucional el decreto con el que el presidente Javier Milei intentó frenar la Ley de Financiamiento Universitario, por lo que ordenó al Ejecutivo transferir de inmediato los fondos destinados a las casas de estudio. La medida responde a un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y diversos gremios docentes.

El fallo de 50 hojas, emitido por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 a cargo del juez federal Martín Cormick, dejó sin efecto el Decreto 759/2025 y ratificó que el Ejecutivo carece de argumentos válidos para incumplir la norma dictada por el Parlamento.

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Mediante el DNU cuestionado, la Administración central había promulgado la ley, pero suspendió su ejecución práctica al alegar la supuesta falta de fuentes expresas de financiamiento asignadas por el Parlamento. Para justificar esta decisión, se amparó en el artículo 5° de la Ley N° 24.629 —en consonancia con el artículo 38° de la Ley de Administración Financiera—, el cual estipula que toda norma que autorice gastos no previstos debe detallar los recursos para su cobertura.

El magistrado retrucó este argumento al señalar que la propia Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario establece pautas claras para su financiamiento en su artículo 9°. Indicó que dar mayor jerarquía a normativas previas presupone erróneamente que el Congreso desconoció el bloque jurídico vigente, cuando en realidad entendió cumplidos los recaudos del artículo 5° de la Ley N° 24.629 al insistir con la nueva ley por mayorías.

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Cormick concluyó que el decreto gubernamental “no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías requeridas”.

Cronología del conflicto universitario

El Congreso de la Nación aprobó la Ley de Financiamiento Universitario en agosto de 2025. Meses después, el 9 de octubre de ese año, el Poder Ejecutivo observó en su totalidad el proyecto a través del Decreto 647/25. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado ratificaron la iniciativa con dos tercios de los votos, convirtiéndola en ley de conformidad con el artículo 83° de la Constitución Nacional.

Pese a la insistencia parlamentaria, el 20 de octubre de 2025 el Gobierno promulgó la iniciativa mediante el polémico Decreto 759/25, pero suspendiendo su ejecución. En respuesta, el CIN y diversas instituciones introdujeron una acción de amparo colectiva para exigir el cumplimiento de la ley.

FEDUBA denuncia que el Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario: solo otorgó 21% de recomposición salarial y adeuda 28,5% a docentes, además de congelar las becas estudiantiles. #Argentina #EducaciónPública #UniversidadPública #FEDUBA #teleSUR #4Ago https://t.co/Jp9IV55pln

— teleSUR TV (@teleSURtv) August 4, 2026

Ante la falta de acatamiento, el juez Cormick dictó una medida cautelar el 23 de diciembre de 2025 que declaró inaplicable el segmento suspensivo del decreto y ordenó cumplir de inmediato los artículos 5° y 6° de la ley, referidos a la mejora de los salarios docentes y el pago de becas universitarias.

Esta decisión fue avalada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y ratificada por la Corte Suprema el 25 de junio. Ante los reiterados incumplimientos del Ejecutivo, el magistrado intimó en dos oportunidades al Gobierno en septiembre de 2026, hasta dictar este martes la resolución definitiva sobre la cuestión de fondo.

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