El activista palestino y exestudiante de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, demandó este martes a la Administración del presidente estadounidense Donald Trump. La acción legal señala al Gobierno por conspirar junto a grupos de extrema derecha para intimidar, arrestar y detener a activistas propalestinos en Estados Unidos mientras denunciaban el genocidio israelí en la Franja de Gaza.

Khalil, quien fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), acusó a altos funcionarios del Gobierno Federal y a organizaciones como la Fundación Heritage —un centro de pensamiento ultraconservador alineado con el Partido Republicano— de coordinar acciones para señalarlo a él y a otros palestinos no ciudadanos «para su arresto, detención y deportación, como castigo por su apoyo a los derechos del pueblo palestino».

La demanda detalla colaboraciones entre estas organizaciones de extrema derecha y Stephen Miller, asesor de Trump; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin; y su predecesora, Kristi Noem, entre otros implicados.

Today, I sued the Heritage Foundation, Stephen Miller, a Columbia affiliate, and others under the KKK Act. I will not stop fighting until everyone who willingly contributed to my missing the birth of my son—and 104 days of my life—answers for it. More actions will come soon.… https://t.co/QLthg0Nbj0

— Mahmoud Khalil | محمود خليل (@mahmoudkhalel) July 14, 2026

El patrón consistía en selección, difamación pública, revocación de visas, arresto y traslado a centros de detención del ICE, seguido de procesos migratorios simulados para asegurar deportaciones, afirmó Khalil en el documento legal presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

La acusación formal se ampara en la Ley del Ku Klux Klan (Ley de la KKK) de 1871, una legislación promulgada originalmente para combatir el terrorismo interno en el país norteamericano.

El activista sostuvo que su caso constituye una especie de «ley de proscripción», lo que se traduce en un castigo creado por el Gobierno sin garantías judiciales, una práctica prohibida por la Constitución de Estados Unidos. Desde octubre de 2023 a la fecha, la campaña genocida israelí asesinó a 73.233 palestinos y causó heridas a 173.707.

Alcance de la persecución política

Al menos otras ocho personas han sido señaladas en esta operación. Las agrupaciones Canary Mission y Betar han confirmado públicamente su participación en las querellas.

A través de su cuenta en X, Khalil expresó: «Hoy, demandé a la Fundación Heritage, a Stephen Miller, a una afiliada de Columbia y a otros bajo la Ley de la KKK. No dejaré de luchar hasta que todos los que contribuyeron voluntariamente a que me perdiera el nacimiento de mi hijo —y 104 días de mi vida— rindan cuentas por ello. Habrá más acciones pronto».

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El activista añadió que la acción judicial trasciende su caso personal, al describir la situación como un complot coordinado y activo destinado a castigar, silenciar y amedrentar a quienes se manifiestan a favor de la causa de liberación palestina. Advirtió que exigirá responsabilidades a los implicados.

Exigencia de responsabilidades judiciales

El demandante fue liberado el pasado 20 de junio tras pasar más de 100 días en un centro de detención migratoria en el estado de Luisiana.

Hace unos días, interpuso una demanda por 20 millones de dólares por daños contra la Administración Trump, acusándola de detención ilegal y persecución motivada por su rol en las protestas universitarias contra el genocidio en la Franja de Gaza, que hasta el momento derivó en el asesinato de

Apoyándose en sentencias de tribunales inferiores que reconocen esta relación de hechos, Khalil solicita una indemnización por daños y perjuicios, cuya cuantía exacta se determinará en el juicio, junto con una sentencia judicial que refleje la conducta de los demandados.

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