Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó y causó la muerte de un ciudadano colombiano durante un operativo realizado en el estado de Maine, en un nuevo episodio que reavivó las críticas por el uso de la fuerza por parte de esa agencia y generó protestas en la comunidad inmigrante.

El hecho ocurrió en la ciudad de Biddeford y constituye el segundo caso de este tipo registrado en menos de una semana. En un primer momento, el senador por Maine Angus King señaló, tras conversar con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, que la víctima era la persona buscada por el ICE en virtud de una orden de arresto relacionada con su situación migratoria.

No obstante, posteriormente el despacho del legislador informó que, tras una nueva comunicación con Mullin, este le confirmó que el fallecido no era el individuo sobre quien pesaba dicha orden.

Ante esa situación, King reclamó una investigación «completa, transparente y abierta» para esclarecer lo ocurrido y dio a conocer que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales, por lo que también deberá determinarse si el empleo de fuerza letal estaba justificado.

Por su parte, ICE comunicó que el agente que efectuó los disparos fue apartado temporalmente de sus funciones, conforme a los protocolos establecidos para incidentes con uso de armas de fuego por parte de agentes federales. A su vez, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó la apertura de una investigación sobre el caso.

La víctima fue identificada como Joan Sebastian Guerrero, un ciudadano colombiano de 26 años.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos informó que solicitó explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre las circunstancias que rodearon la muerte del joven y aseguró que dará seguimiento al desarrollo de las investigaciones.

En tanto, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine lamentó el fallecimiento mediante un comunicado, en el que describió a Guerrero como «un miembro de nuestra comunidad, un vecino y un ser humano cuya vida fue truncada trágicamente».

También se pronunció Juan Proaño, director ejecutivo de la League of United Latin American Citizens (LULAC), quien calificó el hecho como «otra tragedia sin sentido» y sostuvo que los agentes federales «nunca estuvieron en peligro». Además, cuestionó que las autoridades recurran repetidamente a las mismas explicaciones para justificar este tipo de actuaciones.

Uno de los testigos del incidente, Daniel Boucher, de 71 años, relató que escuchó numerosos disparos antes de observar a agentes de ICE sacar del interior de un automóvil blanco a una persona gravemente herida.

Según su testimonio, alcanzó a escuchar a la víctima decir que había intentado detener el vehículo. Posteriormente, observó cómo permanecía inmóvil sobre el suelo hasta que dejó de mostrar signos de respiración, momento en el que comprendió que había fallecido.

Tras el operativo, decenas de personas se manifestaron en Biddeford, ubicada a unos 30 kilómetros al sur de Portland. Paralelamente, otros grupos de manifestantes se concentraron frente a la oficina de la senadora Susan Collins para rechazar su respaldo a la financiación destinada al ICE.

El caso ocurrió pocos días después de otro incidente similar registrado en Houston, Texas, donde murió Lorenzo Salgado Araujo durante un control de tráfico. Ambos episodios representan un nuevo desafío para el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien asumió el cargo en marzo tras las críticas dirigidas a su antecesora, Kristi Noem, por la gestión de dos tiroteos ocurridos en Minneapolis a comienzos de este año, en los que perdieron la vida los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti.

Durante su proceso de confirmación en el cargo, Mullin había señalado que uno de sus principales objetivos era evitar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas continuara ocupando los titulares de forma recurrente por incidentes relacionados con el uso de la fuerza.

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Estos hechos ocurren en un contexto marcado por el endurecimiento de la política migratoria de la administración estadounidense, que ha reforzado la ejecución de su programa de deportaciones masivas. Entre finales de junio y comienzos de julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a más de 10.000 personas en apenas cinco días.

Las cifras muestran que, aunque el Gobierno ya no concentra los operativos en ciudades específicas, el número de arrestos continúa aumentando con rapidez en distintas regiones del país.

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