CNE ecuatoriano fija fecha para referéndum y consulta popular

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador fijó para el próximo 21 de abril la celebración del referéndum y consulta popular impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa sobre enmiendas constitucionales y reformas legales sobre seguridad, justicia, inversión y empleo.

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A través de un comunicado el ente electoral convocó este martes a los ecuatorianos a participar en este proceso consultivo que incluirá 11 preguntas, cinco para el referéndum de enmiendas constitucionales y seis de un plebiscito sobre las reformas legales.

El CNE recordó que el sufragio es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años, con derecho a ejercer el voto, así como para militares y policías, personas con discapacidad y reos sin condenas en firme.

También podrán participar en el proceso de consulta los ecuatorianos que residan en el exterior y que se hayan inscrito debidamente para participar.

El ente electoral llamó a las organizaciones de la sociedad civil que quieran participar en la promoción del 'Sí' o del 'No' a las preguntas planteadas, a inscribirse para poder actuar en la campaña electoral que se desarrollará entre el 7 y el 18 de abril.

Según el organismo electoral alrededor de 13.650.000 ciudadanos están habilitados para votar en el referéndum y consulta popular sobre once preguntas, cuya legalidad ya fue calificada por la Corte Constitucional, el máximo organismo de control de la Constitución.

Las preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa, aprobadas por la Corte Constitucional son cuatro de enmienda a la Constitución, y seis de plebiscito, en las que se plantean reformas legales.

Entre las cinco enmiendas a la Constitución que se votarán se encuentra la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía en la lucha contra el crimen organizado.

Sobre las seis preguntas que no implican cambios en la Constitución se incluye la de permitir que las Fuerzas Armadas realicen controlen los accesos a las cárceles de forma permanente.

Asimismo, los ecuatorianos decidirán si quieren reformar el código penal para elevar las penas a los delitos de terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, tráfico de armas, lavado de activos y minería ilegal.

También se preguntará para eliminar los beneficios penitenciarios a los condenados por delitos de financiación del terrorismo, reclutamiento de niños y adolescentes con fines delictivos, secuestro extorsivo, narcotráfico, minería ilegal, tenencia ilegal de armas, extorsión, tráfico de influencias y testaferrismo, entre otros delitos.

Otra de las  preguntas concierne a tipificar el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.