Gobierno argentino busca que 800.000 personas retomen impuestos

Luego de reformular algunos puntos de la Ley Ómnibus, el Gobierno de Argentina decidió presentar otro proyecto para restituir el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios de los trabajadores. La iniciativa llevará el nombre de "Impuesto a los Ingresos Personales.

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La propuesta buscar restituir el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios de los trabajadores, mientras que, el monto precisado será ajustado cada tres meses por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), gestionado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

No obstante, el proyecto propone que el Gobierno conserve las facultades para modificar las escalas. A partir de ello, unas 800.000 personas tendrían que volver a pagar el impuesto, que habían dejado de abonar desde finales del año pasado.

Actualmente solo deben abonar ganancias los salarios brutos superiores a $1.980.000, sin embargo con la nueva ley se contempla un mínimo no imponible de $1.350.000 brutos.

El pasado mes de septiembre, el ministro de Economía, Sergio Massa, impulsó un proyecto que modificaba la Ley del Impuesto a las Ganancias, lo que eliminó la cuarta categoría y solo exigía el pago de impuestos a quienes cobraban más de 15 salarios mínimos.

Luego de que el ultraderechista mandatario asumiera, gobernadores de varias provincias argentina reclamaron la posibilidad de coparticipar en el denominado impuesto al cheque, debido a la pérdida de ingresos tras las modificaciones previamente efectuadas.

No obstante, el neoliberal jefe de Estado expresó su rechazo a la coparticipación de los territorios en el impuesto al cheque, mientras aseguró que la actual propuesta es “la solución que permite que las provincias puedan reencauzar sus cuentas”.

La decisión se produce luego de que el Ejecutivo realizara múltiples modificaciones a la conocida como Ley Ómnibus, con el objetivo de contrarrestar el riesgo de que la normativa planteada fuese rechazada completamente debido a los radicales cambios demandados.

Sin embargo, el proyecto aún constituye un enorme paso a la desregulación económica y la limitación del Estado. Además de que incluye la criminalización de la protesta social, entre otros retrocesos a los derechos humanos.