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La Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular hizo pública una carta dirigida al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en la que exigen su presencia este viernes en Cali (Sur) en una mesa de negociación, para que otorgue garantías y se respete el derecho a la protesta, también para frenar la estigmatización de sus demandas.
La corresponsal de teleSUR en ese país, Lorena Hoyos, informó que Santos dio una respuesta indirecta trazando su agenda en dirección a otros asuntos y otros países.
Con la ausencia de garantías para ejercer el derecho a la protesta, el conflicto social se profundiza en Colombia.https://t.co/HeCDDCV421
— Lorena Hoyos (@LHoyosteleSUR) 3 de junio de 2016
"Ante esta respuesta dada indirectamente los voceros viajaron al Cauca, donde se han registrado las mayores violaciones de derechos humanos en medio de la represión violenta que ha dado la fuerza pública", reseñó la periodista.
Más temprano, Hoyos, indicó que la solicitud que realizaron los campesinos fue luego de que el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, emitiera un comunicado en el que se señala que la Minga Agraria estaba infiltrada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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De acuerdo con Hoyos, esto ocasionó el rechazo de la ciudadanía porque "la afirmación deslegitima la protesta y justifica las acciones violentas" cometidas contra los 60 mil indígenas, campesinos y afrocolombianos que se mantienen en protesta en 27 departamentos de la nación.
En la misiva, los miembros de la cumbre hicieron referencia a la falta de negociaciones entre el Gobierno y la Minga en la discusión de la reforma agraria, por lo que exhortaron al jefe de Estado "a que deje de dilatar la discusión de fondo".
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Asimismo, Hoyos explicó que los protestantes exigen que se les otorgue "garantías para reclamar sus derechos, sin que esto les cueste la vida y la libertad", pues según ellos la fuerza policial los está hostigando.
Aseguró que los migueros rechazan la criminalización de sus demandas y las diferentes violaciones a los derechos humanos. Hasta la fecha unas 135 personas han resultado heridas, otras siete judicializadas, cinco detenidos arbitrariamente y tres fallecidos.
Por otro lado, informó que los miembros de la cumbre rechazan la difusión de panfletos por parte del Ejército Nacional de Colombia, en los que se le solicita a la población que delate a quienes se movilizan.
Postura del Gobierno
El Ministerio de la Defensa en su comunicado además de señalar al ELN de estar infiltrado en la Minga Agraria, expresó que lamentaba el asesinato de dos indígenas este martes durante las jornadas de calle.
El organismo solicitó que sea investigado el hecho, pero Hoyos destacó que no se hizo referencia al evidente uso desmedido de la fuerza pública ni al caso de la mujer indígena que estando embarazada fue agredida por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y perdió a su hijo.
Seguirán en la lucha
Nelson Enrique Bastos, integrante de la Guardia Indígena, expresó que "seguiremos en resistencia defendiendo la vida y el territorio, el legado que nos dejaron los mayores".
También, César Gerez, vocero de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, manifestó su preocupación por la situación que vive el movimiento en el país.
"Se está agravando, fue asesinado otro comunero indígena, hay otro herido de bala y el Ejército Nacional está ametrallando con armas de fuego contra los manifestantes", dijo, a su vez que aseguró que no se detendrán ante la represión.
Gerez destacó que Santos debe dar una orden enfática a los miembros de la fuerza pública en la que se prohíba el uso de armas de fuego contra los protestantes. "Eso no tiene razón de ser, estamos ejerciendo un derechos constitucional".
En contexto
Las acciones de la policía antidisturbios han dejado tres indígena muertos, más de 135 heridos y varias detenciones arbitrarias desde que comenzó la Minga Agraria.
Los campesinos, indígenas y trabajadores del campo iniciaron el pasado lunes un paro por la falta de cumplimiento de lo acordado en los diálogos de paz hace tres años.
Desde diversos puntos del país se oponen a las políticas gubernamentales que responden a los Tratados de Libre Comercio y se expresan en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que pone en venta los recursos estratégicos de la nación.
La Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc) denunció que el Estado ha criminalizado, intimidado y estigmatizado la protesta social.
