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La Misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia anunció este lunes que almacenó en sus contenedores 7.132 armas "salvo aquellas que de conformidad con la Hoja de Ruta servirán para dar seguridad a los 26 campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) hasta el primero de agosto de 2017".
La misión prevé que para el martes 1 de agosto habrá almacenado todo el armamento existente en los campamentos y "extraído sus contenedores de las Zonas y Puntos Veredales de Normalización, los cuales pasarán a ser Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación".
El proceso de dejación de armas y cese al fuego estaba pautado para el 30 de mayo de 2017 conocido como el Día D+180, sin embargo, hubo evidentes retrasos en las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) y los puntos de normalización (PTN).
El proceso de dejación y entrega de armas de las FARC- EP a la misión de la ONU se hizo en tres etapas: el 30 por ciento el 7 de junio, otro 30 por ciento el 14 de junio y el 40 por ciento de las armas inició el 20 de junio y culminó el 26 de junio. El martes 27 de junio será el acto simbólico de la fundición de armas para crear monumentos por la paz.
¿Qué sigue luego de la dejación de armas?
Integración a la sociedad
La ONU certificará el desarme del grupo insurgente a través de una firma y las ZVTN y campamentos dejarán de existir, seguidamente los combatientes se integrarán a la sociedad colombiana y vivirán como civiles.
El acuerdo contempla varias garantías y compromisos del Estado hacia los combatientes como la protección de los mismos y la ayuda económica.
Una vez que salgan de las zonas veredales, todos los combatientes recibirán durante 24 meses una renta básica mensual de 210 dólares (620.000 pesos), equivalente al 90 por ciento del salario mínimo en Colombia, siempre que no tengan ninguna fuente de ingresos.
Además cada excombatiente tendrá derecho a recibir un ingreso por valor de 8 millones de pesos (2.700 dólares) para "emprender un proyecto productivo individual o colectivo".
Todos los miembros de la FARC- EP recibirán al salir de las zonas de concentración un ingreso de 2 millones de pesos (680 dólares) denominado "asignación única de normalización".
Los pagos de este tipo se utilizaron en las desmovilizaciones de los grupos paramilitares de derecha a mediados de los años 2000 y también forman parte del mecanismo de reincorporación de combatientes que dejaron las armas por cuenta propia en el pasado.
Respondiendo ante la ley
La ONU designará un Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que deberá reunir los requisitos previos aprobados en el Acuerdo y ser de nacionalidad colombiana, podrá ser hombre o mujer y con suficiente experiencia en la administración de la justicia.
Los integrantes del grupo insurgente que participaron en el proceso de dejación de armas les fue suspendida la ejecución de órdenes de captura. La suspensión se produjo desde el inicio del desplazamiento a las ZVTN y se mantuvo hasta la culminación del proceso de dejación de armas según lo establecido en el Acuerdo Final de Paz firmado en La Habana, Cuba, el 12 de noviembre de 2016.
En las ZVTN se definirán los amnistiados y los indultados, la importancia de las mismas radica en que los combatientes ingresaron como alzados en armas y luego de seis meses se convertirán en ciudadanos legales. En las ZVTN se iniciará el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de los excombatientes tanto en lo económico, político y social.
La decisión de conceder amnistías dependerá de la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, en todo caso, la solicitud de amnistía deberá ser resuelta en un término no mayor a los tres meses desde que haya sido solicitada la Sala, así lo establece el documento.
La extensión y tipo de las condenas dependerá de cómo y cuándo se confiesen los crímenes. Para quienes reconozcan prontamente su responsabilidad en infracciones muy graves, las sanciones no serán de prisión sino de penas de entre 5 y 8 años de reparación a las víctimas.
A quienes reconozcan su responsabilidad pero lo hagan de manera tardía, se les impondrá una pena privativa de libertad entre 5 y 8 años en una prisión ordinaria.
Quienes no reconozcan su responsabilidad y sean declarados culpables por el Tribunal para la Paz, de conductas muy graves serán condenados a pena privativa de la libertad que no será menor de 15 años ni superior a 20.
Política en vez de balas
La transformación del grupo insurgente en partido político es uno de los temas más importantes del Acuerdo Final.
Si finalmente se aprueba el plebiscito, de forma temporal las FARC-EP designarán unos voceros que participarán en el Congreso y en el Senado (tres en cada cámara) con voz pero sin voto y solo en las discusiones que tengan que ver con la puesta en práctica de los acuerdos.
Además, el movimiento recibirá ayuda por parte del Estado colombiano para establecerse como partido.
Por un lado, unos 2,4 millones de dólares serán destinados a la nueva organización que solo será reconocida cuando se haya terminado el proceso de desmovilización y desarme.
Seguidamente, el Estado garantizará a las FARC-EP una representación mínima de cinco asientos en la Cámara y cinco en el Senado. Esto sucederá a partir de 2018 y durante dos periodos electorales (cuatrienios).
Si logran los escaños electoralmente no se les sumará nada.
Cualquier líder de las FARC-EP que no esté pagando pena de cárcel podrá ocupar esos asientos.
Los desmovilizados hablan
"Llega un momento en el que el ideal se pierde y el miedo crece. Uno no sabe si al siguiente minuto vas a estar vivo. Casi nunca se duerme en el mismo sitio, la muerte siempre está ahí", dijo Francisco, miembro de las FARC- EP, quien se unió desde los 15 y es uno de los 59.000 desmovilizados que entraron en los últimos 13 años en procesos de inclusión a la vida civil según cifras de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).
El reto de la sociedad colombiana es entender lo que implica dejar las armas, explicó el director de la ACR, Joshua Mirotti: "Los desmovilizados son de carne y hueso. Tienen sueños, temores. La diferencia entre ellos y nosotros es simplemente que ellos estuvieron en el lugar equivocado y les tocó vivir cosas muy complejas en torno a la guerra".
Mirotti indicó que el 75 por ciento de las personas que comenzaron el proceso de reintegración luego de dejar las armas son analfabetas. Actualmente más de 22.000 culminaron la básica primaria, 14.000 alcanzaron el bachillerato, 2.800 accedieron a la educación superior y 500 son profesionales.
Luis Barón, de 35 años, se unió a las FARC-EP cuando tenía 13 años porque no le gustaba la escuela y sentía gran admiración por las armas. "No fui obligado", aseguró. En Caquetá, la región donde nació, era normal entrar al grupo insurgente. A los tres meses de su ingreso tuvo su primer fusil.
"Cuando llegué a ser comandante de las FARC- EP se intensificaron las tomas de los pueblos y a las bases militares", recordó. Las emboscadas y las bombas eran parte de la cotidianidad. Barón contó su historia frente a una de las víctimas del conflicto, un expolicía que quedó ciego luego de la acción del grupo que Barón lideraba.
