La ley fue aprobada en la cámara regional con el voto de los partidos nacionalistas y de otros de la izquierda, incluido el Partido Socialista, que apoyan la celebración de una eventual consulta sobre la relación futura de Cataluña con España.
El pleno se ha convocado de forma extraordinaria y estratégicamente situado después del referendo escocés, una cita electoral que los partidos proconsulta ven como la demostración de que se puede preguntar a los ciudadanos sobre la independencia legalmente.
El presidente nacionalista Artur Mas debe convocar próximamente la consulta al amparo de dicha ley que, con 106 votos a favor y 28 en contra, autoriza al gobierno regional a organizar consultas populares no vinculantes "en el ámbito de sus competencias".
La consulta del nueve de noviembre se llevaría a cabo con dos apartados acordados: 'Quiere que Cataluña se convierta en un estado ?, y, en caso afirmativo,' Quiere que este estado sea independiente?.
La fecha y la pregunta son fruto del pacto al que llegaron el 12 de diciembre de 2013 el presidente y los líderes de Convergencia y Unión (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa por Cataluña Verdes-Izquierda Unida y Alternativa (ICV-EUiA) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP).
La ley de consultas refrendarias pretendía ser en su origen un herramienta de participación ciudadana para que las administraciones públicas catalanas y la iniciativa popular pudieran preguntar a los ciudadanos sobre cuestiones cotidianas que les afectan en el día a día.