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El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, informó este viernes que más de 5 mil 500 miembros de la Fuerza Pública podrían ser amparados tras la aprobación de un proyecto de ley presentado por el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Con este proyecto de ley los investigados y condenados por delitos cometidos en el conflicto armado de Colombia podrán renunciar a la persecución penal, optar por regímenes de libertad anticipada y condicionada, y privación de libertad en unidades militares especiales. La decisión final recaerá sobre la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz.
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Los beneficios incluyen régimen de libertades, transitoria y anticipada en delitos relacionados con el conflicto armado, para quienes manifiesten su voluntad de acogerse a dicho modelo de justicia, explicó Villegas.
Asimismo, señaló que este será un capítulo dentro de los instrumentos legales que desarrollen los acuerdos para poner fin al conflicto armado, debido a que estos tratamientos para los agentes del Estado han sido el producto de una decisión unilateral del Gobierno Nacional y no fueron negociados en La Habana.
El proyecto de ley, presentado por el titular de defensa de Colombia, aplicará la justicia transicional para los agentes del Estado una vez se firme el acuerdo final con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército de Colombia (FARC-EP) y se ponga en marcha el Tribunal de Paz.
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De los 5 mil agentes, dos mil están detenidos, 900 tienen condena efectiva y mil 100 están proceso de juzgamiento. El ministro colombiano explicó que estos recuperarán la libertad “transitoria, condicionada y anticipada” o podrán purgar su condena en unidades militares con beneficios y comodidades propias del lugar. Por otro lado, los 3 mil 500 miembros que no están detenidos podrán optar a la renuncia de la persecución penal.
El Dato
Unos 6,8 millones de colombianos han sido víctimas del conflicto armado que ha padecido ese país por más de 50 años, de acuerdo con el informe más reciente publicado por el Gobierno.
En ese informe se específica que 86 por ciento de las personas afectadas resultaron obligadas a huir de sus comunidades y 14 por ciento ha sido blanco de amenazas, homicidios, desaparición forzada, violencia sexual y torturas, además del reclutamiento de niños y niñas.
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