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Quienes divulguen o reproduzcan documentación o información relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales de quienes se adhieren al blanqueo en Argentina podrían recibir una pena de hasta dos años, de acuerdo con el proyecto de ley de blanqueo que el Gobierno de Mauricio Macri presentó esta semana ante el Congreso.
Con esta normativa el Ejecutivo argentino pretende castigar a quienes publiquen información que eventualmente podría afectar el interés público, por lo que sus detractores alegan que afecta la libertad de prensa.
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Asimismo, el proyecto prevé multas “igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera regulado”.
Según explica el especialista en políticas y tecnologías de la comunicación, Martín Becerra, “la redacción del proyecto es tan descabellada que, por ejemplo, si uno de los sujetos que participen del blanqueo decidiera contar a un periodista que parte de esos fondos fueron obtenidos de manera ilícita, si el periodista al investigar los hechos y los conectara con otras irregularidades, eventualmente de corrupción estatal-privada (es una hipótesis) y si, protegiendo la identidad de su fuente original, lo publicara o difundiera por cualquiera de los medios de comunicación, el periodista cometería un delito penal según el proyecto de ley”.
Becerra precisó que las sanciones alcanzarían también a editores responsables, dueños de los medios que sacaran a la luz la información, así como los sitios, agregadores e indexadores web.
Por su parte, el jefe de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, recalcó “la coincidencia” de “excluir a funcionarios”.
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El anuncio de este proyecto de ley de blanqueo fue realizado por Macri, un día después de su declaración patrimonial como presidente, en la que incluyó una cuenta con 1,25 millones de dólares en el paraíso fiscal de las islas Bahamas y el incremento de sus bienes casi al doble desde 2015.
"No hay más lugar para esconder cosas, como en el pasado", aseguró el mandatario argentino.
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En contexto
El fiscal argentino Federico Delgado confirmó que existen elementos suficientes para iniciar una causa judicial al presidente Mauricio Macri por "omisión de datos en su declaración jurada", en el marco de la investigación Panama Papers en la que figura como director de empresas en paraísos fiscales.
El fiscal señaló que la justicia deberá determinar "la vida social" de las empresas mencionadas por la denuncia del diputado nacional Norman Darío Martínez, a fin de comprobar si se infringió algún "tipo penal" si Macri "tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento".
Los llamados Panama Papers se refieren a los 11,5 millones de documentos divulgados el pasado 3 de abril por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), y suponen la mayor filtración en la historia del periodismo, sacan a la luz actividades sospechosas de personalidades como el presidente argentino Mauricio Macri, el rey saudí Salman bin Abdulaziz, el mandatario ucraniano Petro Poroshenko, entre otros.
Los documentos revelados provienen del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca y en ellos aparecen hasta 140 responsables políticos y personalidades públicas de primera fila de decenas de países que, al parecer, se han servido de paraísos fiscales para evadir impuestos, lavar dinero, y traficar armas y drogas.
