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Los fondos expeculativos exigen pagos por casi 10 mil millones de dólares.

Los fondos expeculativos exigen pagos por casi 10 mil millones de dólares. | Foto: Reuters

Publicado 14 enero 2016



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El presidente de Argentina, Manuricio Macri, mantiene negociaciones en New York con los fondos especulativos porque a su juicio esto le permitirá al país regresar al mercado de financiación internacional.
 

Al presidente de Argentina, Mauricio Macri, no se le hará muy fácil negociar con los fondos especulativos, conocidos como fondos buitre debido a que cualquier pacto o acuerdo que logre conseguir no sólo dependerá de la aprobación del juzgado neoyorquino del magistrado Thomas Griesa, sino también del Congreso argentino.

El kirchnerismo mantiene su mayoría simple en la Cámara de Diputados y la absoluta en el Senado, por ello, Macri tendrá que presentar la propuesta de los fondos buitres en la bicameralidad.

Macri sostuvo un primer encuentro con los representantes de esos grupos de capitales en Nueva York. Luego de ello, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, anunció que el gobierno argentino le presentará una propuesta la semana próxima.

Lea→ A un mes, el miedo. Sobre el gobierno de Macri en Argentina

Para que el mandatario pueda aplicar su medida de corte neoliberal deberá conseguir que el Congreso modifique o deroge la llamada Ley Cerrojo que impide pagarles a bonistas que rechazaron los canjes cantidades superiores a las acordadas con los acreedores que sí entraron en los acuerdos de 2005 y 2010, y la más reciente Ley de Pago Soberano, informa Prensa Latina.

Este ultimo estatuto plantea el pago a través del Banco Central de la República en Buenos Aires, en vez de en Nueva York.

Es decir, o Macri logra obtener la aprobación del Congreso u opta firmar un decreto -o varios- como ha venido haciendo para ordenar políticas sin el consentimiento de la casa legislativa.

El dato→ Los fondos buitres arremetieron contra Argentina en 2012, amparados por la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa, quien determinó que la nación suramericana debía cancelar primero a los fondos antes que a los bonistas, que se adhirieron al proceso de canje desde 2005, en el marco del pago de la deuda soberana que ha llevado a cabo de forma exitosa.


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