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Plazas Vega lleva 7 años preso luego de que una juez  en 2010 lo condenara a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada agravada.

Plazas Vega lleva 7 años preso luego de que una juez en 2010 lo condenara a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada agravada. | Foto: Colprensa

Publicado 16 diciembre 2015



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La Corte Suprema determinó que no existen pruebas que incriminen al oficial con los desaparecidos del Palacio de Justicia.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia quitó la condena de 30 años de prisión que existía en contra del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, por hechos relacionados con la retoma del Palacio de Justicia, ocurrido en noviembre de 1985.

Tras varios meses de discusión, los magistrados finalmente decidieron darle el sí a la ponencia que presentó el magistrado Luis Guillermo Salazar, en la que se argumentó que no existían pruebas contundentes que relacionaran al oficial con la desaparición del administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, Carlos Augusto Rodríguez y la guerrillera del Movimiento 19 de Abril ( M-19), Irma Franco.


Lo que falta por resolver del crimen en el Palacio de Justicia

EN CONTEXTO»
Plazas Vega lleva 7 años preso en la Escuela de Artillería (Bogotá), luego de que una juez especializada en 2010 lo hubiera condenado a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada agravada de siete trabajadores de la cafetería, tres visitantes ocasionales y una guerrillera del M-19.
En el año 2012 el Tribunal Superior de Bogotá le ratificó la totalidad de su condena pero disminuyó a dos el número de desaparecidos, se le condenó en esa ocasión por la desaparición del administrador de la cafetería y la guerrillera, tras considerar que habían pruebas suficientes para determinar que ambas personas habían salido con vida del Palacio de Justicia.
Según la investigación, dichas personas fueron trasladadas por militares al Cantón Norte y al Batallón Charry Solano, en el sur de Bogotá, donde fueron torturadas por su presunta participación en la toma guerrillera, siendo finalmente asesinados y desaparecidos, tesis que tumbó la Corte Suprema al considerar que no existen pruebas para ello.

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