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La Infanta Cristina se encuentra actualmente imputada por tres delitos, dos contra la Hacienda Pública y por lavado de dinero, los cuales podrían acarrear penas de hasta 16 años de prisión y multas que pueden alcanzar hasta seis veces el monto defraudado.
El juez José Castro, instructor del llamado caso Nóos, considera a Cristina de Borbón responsable en concepto de cooperadora de los dos delitos fiscales del 305 del Código Penal español cometidos por su marido en 2007 y 2008. Dicho fraude fue realizado a través de la sociedad Aizoon, de la que el 50 por ciento correspondía a la Infanta y su esposo, Iñaki Urdangarín.
La Agencia Tributaria de España ha considerado que los honorarios millonarios que cobraban de grandes empresas como Mixta África, Aceros Bergara, Pernod Ricard o el Grupo Lagardère a cambio de asesorías ficticias deben ser incorporados al Impuesto sobre la renta de personas físicas (IRPF) del duque de Palma.
Castro cree que la cooperación de Cristina fue clave para que sucediera la defraudación de 337 mil euros en sólo dos ejercicios. También, expresó que la sociedad Aizoon incurrió en otro delito fiscal en 2007 y que ha sido Hacienda quien lo ha maquillado al dar por buenas tres facturas que sus propios inspectores declaran falsas.
Asimismo, el magistrado atribuye a Cristina de Borbón un delito de blanqueo de capitales, el cual sostiene penas de hasta seis años de cárcel y contemplado en el artículo 301 del Código Penal. El delito proviene por haber dispuesto para su uso personal de los fondos públicos obtenidos irregularmente por el Instituto Nóos a sabiendas de su procedencia ilícita.
El caso Nóos es el desvío de unos 6 millones de euros de fondos públicos procedentes de los gobiernos regionales de Baleares y Valencia a paraísos fiscales a través de la fundación Nóos, una entidad supuestamente sin fines de lucro que presidió Urdangarín.
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