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El ministro de Minería, César Navarro, aseveró este miércoles ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que el Gobierno siempre desarrolló un trabajo coordinado y permanente con las cooperativas mineras del país, por lo que no se explica el conflicto con el sector que derivó en el asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.
Aseguró que el Gobierno tiene un profundo respeto a los cooperativistas que mantienen los principios universales del sector, como la redistribución equitativa de los excedentes que se generan por la explotación y comercialización de minerales.
El ministro considera que los cooperativistas demostraron un "comportamiento dual" al oponerse a la sindicalización del sector, porque un año antes aceptaron esa situación en un acuerdo firmado con el Ministerio de Minería.
Asimismo explicó que el trabajo coordinado con los cooperativistas se enmarcó en cinco acciones importantes, entre ellas, una fuerte inversión para la construcción del horno Ausmelt, en Vinto; la donación de 100 volquetas; la compra de ingenios mineros; la otorgación de créditos por parte del Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim); y la compra de concentrados de baja ley.
>> Bolivia exige a mineros entregar a los asesinos de viceministro
El Gobierno ha denunciado en reiteradas ocasiones que estos grupos responden a las grandes multinacionales, por ello no acuden ni responden al llamado al diálogo que ha hecho el presidente Evo Morales.
En contexto
Los cooperativistas mineros pertenecen a un sector privilegiado en la sociedad boliviana porque poseen ventajas en el pago de impuestos, reciben concesiones estatales para explotar mineral sin licitación y no tienen obligaciones laborales ni sindicales.
El sociólogo boliviano Esteban Ticona, estudioso de la problemática minera, explica que las cooperativas "engañan al país porque son empresarios camuflados de trabajadores que han logrado bastantes concesiones y privilegios".
La tensión entre el Gobierno de Bolivia y el sector minero se tornó crítica el 19 del pasado julio después de la promulgación de la reforma de la Ley de Cooperativas que reconoce la existencia de los sindicatos en las cooperativas mineras, la que fue tomada como declaración de guerra.
Los independientes, además de rechazar la reforma legislativa, demandan mayores concesiones de vetas y la posibilidad de asociarse directamente con las grandes empresas privadas foráneas, peticiones que el presidente boliviano Evo Morales no aprueba.
