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Rousseff destaca crecimiento de los programas sociales en Brasil.

Rousseff destaca crecimiento de los programas sociales en Brasil. | Foto: Reuters

Publicado 11 mayo 2016
teleSUR
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Los activistas participaron en una vigilia en Portugal en respaldo a la mandataria brasileña. se concentraron en la sede de la "Casa do Brasil" de Lisboa para denunciar lo que consideran "un golpe" contra la democracia brasileña.

Activistas brasileños, que realizaron una vigilia en Lisboa, capital de Portugal, condenaron el juicio político que puede desembocar este miércoles en la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, y destacaron el impacto negativo que tendrá para las comunidades más desprotegidas. 

La activista brasileña e investigadora en la Facultad de Bellas Artes de Lisboa, Samara Azevedo, alertó que "no es solo la presidenta que está siendo inhabilitada: se trata de toda una clase que ahora comenzó a conquistar derechos sociales". 

El debate y la posterior vigilia fue organizada en Lisboa por la asociación Casa do Brasil y el Coletivo Andorinha. 

En la cita intervinieron el co-fundador de la Casa do Brasil de Lisboa, Carlos Vianna, el profesor universitario Newton de Sousa y el activista portugués Joao Camargo, miembro del Bloque de Izquierda (tercera mayor fuerza de Portugal). 

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En las intervenciones, aludieron al progreso social de muchos millones de brasileños, que en los últimos 15 años han tenido acceso a herramientas como la educación, gracias a las políticas del Partido de los Trabajadores (PT) impulsadas por Rousseff y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2010). 

Importante: De acuerdo a estadísticas oficiales, Portugal es uno de los países europeos con más brasileños residentes, con cerca de 100 mil.

En Contexto

Este miércoles, el Senado de Brasil decidirá si Dilma Rousseff enfrentará o no un juicio político. Para su aprobación será necesaria la votación de la mayoría simple, lo que representa unos 81 legisladores. Ante este escenario, la mandataria deberá abandonar su cargo por un periodo máximo de 180 días, mientras se desarrolla el enjuiciamiento.
La acusación central de la oposición contra Rousseff para justificar un juicio político es la supuesta violación de normas fiscales al maquillar el déficit presupuestario de 2015. Sin embargo, no se han presentado pruebas contra la mandataria brasileña, quien ha reiterado su inocencia.

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