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Renovación de concesiones a cuatro empresas privadas en Ciudad de México 2014
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El problema del agua potable en Ciudad de México se refleja en cifras: más de 22 millones de habitantes no tienen agua en sus casas, 77 por ciento de la población consume menos de 150 litros por día; entre 30 y 45 por ciento del agua suministrada a la capital se pierde en el camino por el mal estado de los acueductos.
Para los nueve millones de mexicanos que viven en la capital parecía que la problemática del agua no podía empeorar, sin embargo, eso cambió con la reciente Ley General de Aguas, la cual limitaría su uso a 50 litros diarios por persona.
Según un análisis jurídico realizado por el Centro Mexicano del Derecho Ambiental y por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el “acceso óptimo que representa el riesgo más bajo para la salud de las personas es de mínimo 100 litros diarios por persona”.
La integrante de la organización Agua para todas y todos, Elena Burns indicó que con la legislación se redefine el “derecho humano al agua” como la lucha para acceder a 50 litros de agua por día “cuando muchas personas no tienen el dinero para pagarlo”.
Además, en la ley no se menciona “la obligación de garantizar volúmenes adecuados de agua de calidad para todos los habitantes”, apuntó.
Integrantes de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua afirmaron que la ley va en contra de normas internacionales para garantizar la accesibilidad del líquido para la gente que no puede pagarla.
Esta privatización del agua llega para agravar este escenario: en México unas 10 millones de personas no cuentan con el servicio de agua entubada, y otras 13 millones, que viven en zonas rurales y urbanas, reciben el líquido contaminado por la falta de saneamiento.
No es de extrañar que recientemente se han producido múltiples protestas en todo México para rechazar esta ley que promete agravar el problema del agua.
El 2 de marzo más de cinco mil personas y cerca de mil científicos reprobaron la ley y convocaron a la sociedad a defender su derecho a contar con el líquido de forma gratuita.
Asimismo, organizaciones sociales y campesinas han alzado su voz y manifestado en la calles por lo que consideran un retroceso a otros gobiernos de la capital que entregaron ríos y recursos naturales a empresas privadas.
Historial de concesiones del agua en Ciudad de México
En 1993, el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, dio a cuatro empresas privadas concesiones del sistema de aguas, drenaje y alcantarillado, los cuales estuvieron vigentes hasta el 1 de mayo de 2004.
De esta manera, se les permitía “llevar a cabo en la zona asignada las actividades del sistema comercial, infraestructura hidráulica y otros inherentes, que forman parte de los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado”, según los documentos de las concesiones.
El 18 de mayo de 2006 se realizó un adendum a la concesión del 1 de mayo de 2014. Luego, el 29 de abril de 2009, bajo la autoridad de Marcelo Ebrad, se modificó y prorrogó la concesión por 17 meses.
El 29 de septiembre de 2010 se extendió hasta el 30 de junio de 2011, y después hasta el 30 de junio de 2014.
Con la recién impulsada Ley General de Aguas, se aumenta el monto que estas cuatro empresas pueden cobrar por sus gastos de operación en 156 millones de pesos en "erogaciones mensuales acumulables" durante el periodo de 23 meses, señala Elena Burns, de la organización Agua para todas y todos.
La industria por encima del derecho humano
Cada día son más la voces que denuncian la intención de la Ley General de Aguas de entregar el líquido a empresas privadas para que éstas la vendan a los mexicanos a precios elevados.
El dirigente de la Central Campesina Cardenista, Max Correa, advirtió que con la Ley General del Agua se pretende entregar el agua a las empresas privadas para la producción de alimentos y de diversas actividades.
Según información de la organización Agua para todas y todos, la ley beneficiará a mineras internacionales y la “fracturación hidráulica (fracking) cabría dentro de la definición de uso industrial (agua para la extracción de cualquier sustancia)”.
En este sentido, explicaron que con la ley se da luz verde para "sobreexplotar cuencas y acuíferos y despojar pueblos indígenas y campesinas para dar agua a grandes corporaciones".
También, con la Ley General de Aguas se concesiona el trasvase (uso de aguas de una cuenca trasladadas a otra cuenta sin conexión natural) a compañías que han sido privilegiadas durante el sexenio del actual presidente Enrique Peña Nieto, tal es el caso del grupo HIGA, empresa que ha ganado diversas licitaciones y adjudicaciones de obras públicas.
En resumen, esta ley hace posible que todo el proceso de gestión y administración del agua pueda privatizarse por la vía de la concesión durante 30 años, lo que significaría para los mexicanos otras tres décadas de lucha para tener acceso al agua.
