La jueza ecuatoriana Mayra Bravo acogió parcialmente la demanda de habeas corpus presentada por la defensa de diez de los 12 ecuatorianos de la región de Otavalo que se movilizaron en el paro nacional y fueron detenidos, al reconocer vulneraciones en sus derechos.

Ecuador: se suma nueva provincia al Paro Nacional contra políticas de Daniel Noboa

La autoridad judicial dispuso el traslado inmediato de siete detenidos desde la cárcel El Rodeo, en Portoviejo, hacia la prisión de Imbabura, y ordenó evaluaciones médicas para Luis, Alfredo y Diego, personas en situación de discapacidad.

Sin embargo, ratificó la medida de prisión preventiva para todos los procesados. La defensa anunció que apelará la decisión, mientras que sobre William, migrante recluido en Esmeraldas, no hubo pronunciamiento alguno.

En este sentido, el abogado de los detenidos en Otavalo, Mario Ruiz, refirió que los jueces les dieron la razón a quienes solicitaron el recurso y que esta resolución marca un hito en la línea discursiva del Gobierno.

Asimismo pidió al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) que se cumpla la resolución de manera inmediata. “Esperamos que así como fueron prolijos para llevarles a Manabí sin un informe… así mismo, hoy, sean diligentes para traerlos a Imbabura”, señaló.

De acuerdo a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) no se respetó el debido proceso ni las normas internacionales de pueblos indígenas, y fueron trasladados como integrantes de un Grupo de delincuencia organizada GDO, sin pruebas.

En tanto, refieren que entre los detenidos hay personas con epilepsia y discapacidad del 75 por ciento, y en condiciones de vulnerabilidad, al exigir su libertad inmediata y el fin de la represión judicial contra el pueblo movilizado.

El Gobierno ha instaurado un discurso que culpabiliza a los manifestantes con haber cometido terrorismo de Estado.

Represión en Ecuador

El domingo 28 de septiembre, la protesta indígena contra las políticas económicas del Gobierno se encontraba concentrada en la vía E35, a la altura de Otavalo. Según testimonios de las comunidades, dos convoyes militares—provenientes de Ibarra y Quito—intentaron una emboscada a las cinco de la mañana. El resultado de esta incursión violenta fue la muerte del comunero quichua Efraín Fuerez.

La indignación por este crimen llevó a la comunidad de Cotacachi a retener a 13 militares, aunque lejos de responder con la misma violencia que habían sufrido, las comunidades optaron por aplicar sus propios sistemas de justicia, tratando a los retenidos con respeto y humanidad, como lo confirma uno de los soldados.

Esta acción fue una medida de presión dentro de un marco jurídico comunitario reconocido y no un acto de terrorismo como quieren inculpar.

Los familiares de las personas detenidas y de Efraín Fuerez, fallecido en el contexto del paro en Cotacachi, acudieron a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea para exponer sus casos y hacer algunas peticiones.

El paro nacional contra las políticas del Gobierno de Daniel Noboa lleva 15 días, y los ecuatorianos y ecuatorianas exigen un IVA al 15 por ciento y la eliminación de subsidios, así como una salud integral. Denuncian, además los despidos masivos y empleos precarios, y la violencia en aumento, sin seguridad real.

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