La Central Obrera Boliviana (COB) emitió un comunicado en sus redes sociales en el que denunció la existencia de una “cacería humana” en contra de sus dirigentes y acusó formalmente al Órgano Ejecutivo de realizar “operativos clandestinos” para descabezar las movilizaciones populares.

​La acusación de la matriz sindical se difundió en el día 37 desde que la institución convocó a marchas y bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. 

Las protestas, que inicialmente comenzaron el pasado 1 de mayo en reclamo de un incremento salarial del 20 por ciento rechazado por el Gobierno, sumaron posteriormente el respaldo de múltiples organizaciones sociales que hoy exigen la dimisión del mandatario.

​El rechazo sindical se intensificó este viernes luego de que la Justicia confirmara la detención preventiva por 180 días en la cárcel de San Pedro para el dirigente vecinal de La Paz, Justino Apaza, quien, según sus familiares fue capturado en la puerta de su casa “a la fuerza y sin exhibir una orden judicial”.

El Ministerio Público investiga a Apaza por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictiva, terrorismo, financiamiento al terrorismo y atentados contra la seguridad de los servicios públicos y medios de transporte, al identificarlo como uno de los principales promotores de los cercos a las ciudades. 

​A esta detención se sumó la captura temporal de la exsenadora afín a Evo Morales, Simona Quispe, quien fue interceptada por encapuchados y trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en un minibús sin placas de circulación; Quispe fue liberada al día siguiente por falta de pruebas.

​Bajo un procedimiento similar, las autoridades arrestaron a la secretaria de la Federación cocalera Carrasco, Yesenia Vargas, procedente del Trópico de Cochabamba. Poco antes de su detención en El Alto, Vargas declaró a la Radio Kawasachun Coca: “Estamos aquí, estamos firmes, porque tiene que salir este Gobierno. No voy a permitir que este Gobierno esté cinco años más y esté saqueando a nuestro país”.

​Avanza Ley de Estado de Excepción en el Parlamento

​En paralelo a los operativos policiales, el Senado aprobó en primera y segunda lectura el Proyecto de Ley de Reglamento de Estado de Excepción, remitiendo la norma a la Cámara de Diputados. 

Sectores de la oposición y movimientos sociales advierten que esta legislación busca abrir las puertas a un mayor grado de represión estatal contra los manifestantes y bloqueadores en las rutas.

​Desabastecimiento y millonarias pérdidas económicas

​Este sábado, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó un total de 80 puntos de bloqueo activos distribuidos en seis departamentos, siendo Cochabamba el más afectado con 22 cortes de ruta, seguido por La Paz (19), Potosí (15), Oruro (12), Chuquisaca (9) y Santa Cruz (3).

​El cierre prolongado de las vías por más de un mes ha provocado un panorama crítico de desabastecimiento, impidiendo el traslado de combustibles, alimentos, insumos médicos y oxígeno para los hospitales, afectando principalmente a las ciudades de La Paz y El Alto. 

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Ante la escasez, los precios de los productos de primera necesidad se han duplicado o triplicado. 

Por su parte, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) alertó sobre la gravedad de la crisis, informando que el conflicto ya ha ocasionado pérdidas al sector industrial valoradas en dos mil millones de dólares.

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