El Gobierno de Javier Milei acordó avanzar con el proyecto de ley de Falsas Denuncias, el cual podría marcar retrocesos en demandas contra la violencia por motivos de género. La normativa será tratada en la primera sesión del mes de agosto en el Senado argentino a pesar de objeciones formuladas por organizaciones defensoras de DD.HH.

Bajo la autoría de la legisladora Carolina Losada (Unión Cívico Radical), el articulado plantea una modificación del Código Penal para aumentar las penas contra quienes denuncien un delito y luego se determine que es falso.

El proyecto es rechazado por las organizaciones feministas, que argumentan que no todas las violencias pueden ser probadas como exige el Gobierno de Milei. Asimismo, alertan que en los casos de crímenes sexuales el texto incluye agravamientos especiales.

En concreto, el texto que examinará el Senado el próximo 6 de agosto propone la pena de prisión de uno a tres años a quien denunciare falsamente a una persona en cualquier delito penal. Pero si se trata de una falsa denuncia por violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la condena aumenta de tres a seis años de cárcel.

Los cuestionamientos surgen por el efecto intimidatorio que puede provocar en las mujeres víctimas de agresiones sexuales o machistas en un contexto que ya es desfavorable para animarse a denunciar.

A juicio de la promovente de esta normativa en negación de las víctimas, “la frase ‘yo te creo, hermana’ fue buena en un principio por el lugar desde el que veníamos. Ahora generó un debate sobre la presunción de inocencia”.   

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Consideró que “no hay nadie que le haga mayor daño a los derechos de las mujeres que quienes usan lo conquistado para dañar a una persona. La mayoría de los casos son verdaderos. El tema es que la persona que denuncia falsamente está bastardeando la verdadera causa de la mujer golpeada, de los chicos abusados y está usando a su favor la nobleza de la ayuda a la víctima».

«No merece discusión que las mentiras existen y no responde a un solo género”, añadió Losada negando la complicidad del sistema patriarcal y la revictimización estructural de quien denuncia.

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Un proyecto que impulsa la impunidad

“El proyecto no busca proteger a las infancias de las “malas” madres. Al contrario, impulsa la impunidad de la violencia de género y el abuso sexual y forma parte de una campaña contra los derechos de las mujeres y las infancias”, dijo la ministra de Género bonaerense Estela Díaz.

El Observatorio de Género del ministerio Público Fiscal comprobó que las falsas denuncias representan apenas el 0,09 por ciento de las causas judiciales de 2023 a la actualidad. Su análisis concluyó que el verdadero problema es el subregistro, pues el 77 por ciento de las mujeres que sufrió violencia de género nunca la denunció.

Tras un análisis de más de 8 millones de procesos penales, el Ministerio Público declaró que “no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal”.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU también rechazó el debate y recomendó que Argentina “retire la propuesta de modificación del Código Penal (núm. de expediente 228/25) relativa a las falsas denuncias en casos de violencia de género”.

De acuerdo a la organización feminista Mumalá, desde el 1 de enero al 29 de junio de 2026, se reportaron 127 feminicidios, mientras que desde 2015 un total de 3.119 mujeres argentinas fueron víctimas de feminicidio.

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