Gobierno venezolano prohíbe arrestos sin orden judicial y promueve reforma a Ley contra el Odio

«He instruido a los cuerpos de seguridad que ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo los casos de flagrante comisión de delito», informó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

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Delcy Rodríguez también recordó que el ejercicio responsable de la política y la protesta pacífica están garantizados como un derecho constitucional, el cual debe ir acompañado del respeto a la integridad física y moral de los funcionarios de seguridad. Foto: Captura de pantalla.


29 de octubre de 2026 Hora: 12:47

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó este jueves 29 de octubre a los organismos de seguridad del Estado a garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales correspondientes a las detenciones y los derechos de los ciudadanos.

«He instruido a los cuerpos de seguridad que ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo los casos de flagrante comisión de delito. El ejercicio responsable de la política está garantizado para todas y para todos. Las puertas están abiertas», enfatizó la mandataria encargada del país suramericano durante un mensaje dirigido al pueblo venezolano.

Enfatizó que «la constitución es el marco para la actuación de todos y todas. La violencia no es el camino para dirimir las controversias que surgen en la sociedad. Todos y todas tenemos derecho a pensar distinto, sin temor a represalias de ningún tipo», resaltó.

En materia de reforma judicial, la mandataria resaltó la realización del proceso participativo y el apoyo internacional recibido: «Hoy está en marcha una gran consulta nacional para la reforma de la justicia penal que busca escuchar a todos y cuenta con la asistencia técnica de la Unión Europea y colaboración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos».

Por otra parte, la Jefa de Estado encargada se refirió a la propuesta de reforma a la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, presentada la semana pasada por la Asamblea Nacional, iniciativa que ya fue declarada constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«La Ley contra el odio se había aplicado de forma abusiva. Pedí que se reformara para eliminar las sanciones penales previstas en este instrumento, fortaleciendo su carácter educativo», enfatizó, al tiempo que agregó: «Pido a la Asamblea Nacional que lleve adelante un proceso amplio e inclusivo de consultas con todos los sectores involucrados para dar un amplio debate sobre esta propuesta».

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Detalló que, una vez que la ley sea promulgada, el sistema de justicia deberá revisar los casos de las personas que fueron procesadas penalmente con base en dicho instrumento.

«No es el final del camino. Seguirán produciéndose medidas que apunten en esta dirección e invito organizaciones independientes a verificar cada uno de estos pasos en total libertad y transparencia», aseveró.

Durante su intervención, Delcy Rodríguez también recordó que el ejercicio responsable de la política y la protesta pacífica están garantizados como un derecho constitucional, el cual debe ir acompañado del respeto a la integridad física y moral de los funcionarios de seguridad.

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En septiembre pasado, Delcy Rodríguez remitió una comunicación oficial a la Asamblea Nacional para solicitar, con carácter de urgencia parlamentaria, la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

La iniciativa, dirigida al presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez Gómez, tiene como propósito central avanzar en la despenalización de las conductas tipificadas en el marco normativo aprobado en noviembre de 2017, consolidando la transformación del sistema de justicia penal venezolano.

El proyecto del Ejecutivo propone la apertura de espacios de reencuentro social, promoviendo el respeto a la diversidad y situando la dignidad humana en el centro de la legislación.

De acuerdo con el documento oficial fechado el 28 de septiembre de 2026 en Caracas, la modificación legal apunta a fortalecer la confianza en las instituciones del Estado y dinamizar la vida política y social de la nación, en consonancia con las políticas de fortalecimiento institucional y soberanía democrática promovidas por el Gobierno Bolivariano.

Autor: teleSUR: ig - RR

Fuente: Declaraciones Delcy Rodríguez