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Hasta la fecha actual, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos mantiene múltiples sanciones activas contra Venezuela, que incluyen a centenares de individuos, empresas, aeronaves y embarcaciones. El Observatorio Venezolano Antibloqueo contabiliza alrededor de 930 medidas coercitivas unilaterales impuestas sobre el país.

El programa de sanciones de la OFAC no es un embargo total, sino un régimen dinámico y enfocado en restricciones comerciales. Sus medidas principales comprenden:

• Sanciones a entidades estatales: La designación de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) en la Lista SDN, bloqueando sus activos y prohibiendo transacciones directas con ella.
• Deuda y sector financiero: Prohibiciones para negociar bonos del gobierno venezolano y restricciones al Banco Central de Venezuela (BCV), a pesar de que la OFAC ha emitido flexibilizaciones y licencias operativas controladas para mantener transacciones financieras ordinarias.
• Individuos: Numerosos funcionarios y personas vinculadas al gobierno venezolano se encuentran sancionados con el congelamiento de sus bienes en EE. UU.

Levantar sanciones, para levantar viviendas

En declaraciones a la Televisión Central de China (CGTN en español), el viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, reiteró la exigencia nacional de que sean levantadas de forma absoluta las más de 1040 medidas coercitivas unilaterales que de manera ilegítima le han sido impuestas al país.

Castillo aseveró que las sanciones unilaterales han traído consigo un freno en la marcha y el desarrollo de la vida nacional, incluida la dotación de equipamiento para hacer frente a calamidades naturales como la acontecida el pasado 24 de junio. “Es verdad que si falta algún equipo en Venezuela hay que relacionar ese hecho con la carencia de recursos a la que ha estado sometido el Estado venezolano y con el cese del comercio exterior tanto para el sector público como para el sector privado”, señaló.

El también gerente general del Observatorio Venezolano Antibloqueo recordó que el país enfrentó la pandemia de covid-19 en medio de un férreo esquema de sanciones.

“Venezuela no ha podido durante 11 años comerciar libremente su petróleo. Le han sido confiscados sus activos en el extranjero. Son más de 30.000 millones de dólares que fueron confiscados, y ahí aún hay 22.000 millones de dólares represados en el sistema financiero internacional. Pero el daño también se produjo por vía del llamado sobrecumplimiento, las llamadas sanciones invisibles, por lo cual muchas empresas dejaron de traer insumos a Venezuela. Entre ellas, por supuesto, empresas de construcción, empresas y servicios públicos. De allí también las fallas recurrentes y la desinversión en ciertos sectores de servicios básicos, como la energía”, señaló el viceministro.

Emplear recursos retenidos para la reconstrucción

“Para recuperar su infraestructura, para iniciar la construcción masiva de viviendas Venezuela va a necesitar recursos propios, que los tiene y que deben ser liberados de los bancos europeos, del Fondo Monetario Internacional, de todos los organismos que los mantienen retenido desde hace más de 7 años”. Añadió que esos recursos “le pertenecen a Venezuela” y deben ser empleados en reconstruir las zonas afectadas por los terremotos.

El Gobierno orientó crear un fondo para la reconstrucción inicial de infraestructura afectada, con un monto por 200 millones de dólares a partir de recursos recuperados del Fondo Monetario Internacional. «855 edificios fueron afectados, incluidos hospitales», dijo.

Ayuda de EE.UU. vs. activos congelados

Según Misión Verdad, el gobierno de Estados Unidos ofreció $150 millones en asistencia urgente para Venezuela luego del terremoto. Posteriormente, el monto total comprometido ascendió a más de $300 millones. Aún así, los activos congelados de Venezuela en el exterior por las sanciones son una cifra muy superior.

Venezuela tiene Fondos congelados en Oro: 31 toneladas retenidas en el Banco de Inglaterra, valoradas en más de $4.400 millones y en DEG (Derechos Especiales de Giro) en el FMI: Cerca de $4.900 millones bloqueados.

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Es decir, Venezuela tiene más de $9.300 millones en activos congelados sólo en estos dos conceptos, mientras EE.UU. ofrece una pequeña fracción como ayuda. Levantar completamente las sanciones y liberar estos fondos sería mucho más útil para el pueblo venezolano.

Citado por Misión Verdad, el economista opositor venezolano Francisco Rodríguez, investigador senior del Center for Economic and Policy Research (CEPR) y crítico de las sanciones, recordó que el bloqueo estadounidense ha tenido un costo directo en la capacidad de respuesta del país ante la tragedia.

«Durante más de 7 años, las sanciones de Estados Unidos impidieron al gobierno venezolano comprar la maquinaria pesada que hoy se necesita para sacar a la gente de los escombros», escribió Rodríguez en su cuenta de X.

Como consecuencia, entre 2019 y 2025, EE.UU. sancionó al menos 70 entidades, individuos o buques utilizando estas autoridades. Por lo tanto, se volvió habitual que empresas no estadounidenses, incluidas firmas chinas como CNPC, se negaran a realizar transacciones con el gobierno venezolano sin una licencia explícita de la OFAC, por temor a represalias.

La relatora especial de la ONU Alena Douhan documentó que, producto de las sanciones, “los ingresos del Estado venezolano se redujeron en un 99%, dejando al país con apenas el 1% de los recursos de los que disponía antes del endurecimiento de las sanciones”.

Eso significa que, incluso con licencias humanitarias, la capacidad de inversión del Estado está severamente limitada. No se trata de una norma excepcional, sino de un entramado de restricciones que afectan a toda la economía venezolana.

En el plano internacional, el presidente colombiano Gustavo Petro pidió “levantar las sanciones y el bloqueo para que Venezuela tenga la mayor capacidad de acción posible”. Mientras que China, en la ONU, exigió el levantamiento inmediato de las sanciones unilaterales.

ALBA Movimientos

En una convocatoria de la ALBA Movimientos se expresa: «Desde el pueblo venezolano, desde sus organizaciones y la gente de a pie que lucha, surge la campaña Venezuela ¡Por la vida! como una alianza de todas, todos y todes que frente a la dura tragedia generada a partir de los dos terremotos del 24 de junio de 2.026 reivindicamos la enorme voluntad de lucha por la vida y la paz de nuestro pueblo que ante grandes dificultades prioriza la unión nacional para salvar vidas y reconstruir las comunidades afectadas«.

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Para el analista José Novaez, «analizar el estado actual de la capacidad de respuesta de emergencia médica desplegada por el Estado venezolano hoy, ignorando el criminal peso de las sanciones es deshonesto y poco serio. Los alivios parciales anunciados recientemente harán poco para aliviar la situación, sobre todo porque son por tiempo limitado y para algunas transacciones específicas, con lo cual es probable que la mayor parte de las entidades financieras se sigan negando a canalizar los fondos, por miedo a algún tipo de sanción norteamericana. El famoso «overcompliance» del cual habla el informe de 2021″.

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